Jueves 14 de agosto de 2014
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La eliminación de los jueces ciudadanos de los procesos penales es un paso atrás en la administración de justicia.
Los jueces ciudadanos son aquellos que no son abogados ni funcionarios judiciales. Aunque carezcan de conocimientos de Derecho, integran los tribunales de sentencia junto a dos jueces técnicos; es decir, dos magistrados que son los encargados de instruirles en la materia cuando sea necesario. Su incorporación al sistema judicial boliviano fue el resultado de un largo proceso de análisis que remató en la conclusión de que el anterior sistema —el denominado inquisitorial que se caracterizaba por ser mayoritariamente escrito— era el responsable de la retardación de justicia existente hasta fines del siglo pasado.
La reforma del procedimiento penal no sólo determinó el cambio del sistema escrito al oral sino la incorporación de jueces ciudadanos con el respaldo de muchos argumentos científicos. Uno de ellos es la percepción. El confirmar una sentencia no a una sino a cinco personas garantiza una diversidad de criterios y mayor imparcialidad. Otro justificativo es el control directo que la ciudadanía ejerce sobre los procesos penales a través de tres personas que tienen voz y voto en los mismos.
