Era fácil imaginar el desempeño de los jueces supuestamente elegidos por el “voto popular”. La democracia no sirve para todo, menos para reemplazar el talento con la votación. Pero el error fue sólo a medias: no respondieron a la idoneidad, en cambio su utilidad fue impecable. El Tribunal cumplió a cabalidad su papel. Era para eso.
La historia es conocida. Se pretendió que el soberano ratificara en las urnas la selección de los postulantes masistas. En su momento, la frase “jueces por el voto popular” sonó muy bonito; dijeron que era una lección para el mundo. Ahora no hay nadie que quiera seguir semejante aberración. El resultado fue catastrófico: el “soberano” votó en contra. Entre los beneficiarios, no hubo un solo gesto de dignidad. Igual se posesionaron todos.
Desde el punto de vista legal, fue inobjetable. Precisamente por solicitud de la oposición - con la esperanza de participar como antes del cuoteo - se incorporó a la CPE la potestad exclusiva de la Asamblea para seleccionar a los postulantes. El cálculo político de que no se daría el monopolio de los dos tercios, fue un tiro por la culata. Investido del fabuloso poder, el oficialismo desoyó consejos y sugerencias. Creyó que había descubierto un recurso inédito. En suma, la oposición y el oficialismo son coautores de la debacle jurídica.
Es cierto que en política los capos no dan puntada sin hilo. Desde la frustrada Constituyente se apuntó a un objetivo: la re elección indefinida del jefazo. La fórmula y el libreto llevan el sello genérico de la ALBA. Cuba es el modelo. Tramo a tramo se fue haciendo el camino. La mesa clandestina para la “estrategia envolvente” fue uno de ellos. Luego, la respuesta del TCP a la consulta a través de la denominada “norma interpretativa”, habilitando al caudillo para una segunda reelección, no podía ser otra. Hasta aquí, esos los hitos de avance hacia el poder vitalicio.
Ahora se corta la soga por lo más delgado. El juicio a las magistradas ha generado posiciones encontradas. Prevaricato, incumplimiento de deberes y resolución contraria a la Constitución, es la acusación. Según los constitucionalistas, la Ley del Notariado cuya suspensión ha motivado el juicio, viola la independencia de poderes y devela la injerencia flagrante del Ejecutivo, puesto que el Ministerio de Justicia nombraría a los notarios de Fe Pública. ¿Quién tiene la razón? En el contexto preelectoral, la respuesta pierde importancia. El verdadero fondo del problema es otro.
Para octubre, el apoyo debilitado ya no sirve. A los “fusibles” caóticos había que sustituirlos por otros de más confiable lealtad. Ante el recrudecimiento de la crítica, nadie quiere cargar con el “burro muerto”, menos que el partido aparezca asociado con el fracaso de los jueces plurinacionales. Por eso, cuando todos atacan la ineficiencia de éstos, también el oficialismo dispara su batería como si nada tuviera que ver en el desastre.
(*) El autor es escritor, miembro del PEN Bolivia
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