La Habana, (PL) La tala ilegal es el principal problema medioambiental de Indonesia, tercer país del mundo por masa forestal, y a la vez, el que más rápido sufre la devastación de sus bosques.
Empresas madereras, papeleras, mineras y productoras de aceite de palma son las responsables de la acelerada deforestación en el archipiélago, convertido en el tercer mayor contaminante atmosférico después de China y Estados Unidos.
Esa situación es subestimada por el gobierno indonesio que se hace el de la vista gorda con sus propias leyes al depender de la exportación de madera o necesitar tierras ante la proliferación de cultivos de palma de aceite.
Lo cierto es que la superficie forestal y la biodiversidad de Indonesia se encuentran amenazadas como consecuencia de la explotación indiscriminada protagonizada por las grandes industrias, que presionan y sobornan funcionarios.
Una reciente investigación del Centro de Estudios Cooperativos de Asia Oriental reveló que el Ejército estaba involucrado en el negocio ilegal y junto a las compañías devasta las selvas tropicales de la norteña isla de Borneo. El responsable del estudio, Tirta Mursitama, aseguró que desde soldados rasos hasta comandantes actúan como inversores, coordinadores, intermediarios y facilitadores.
Según Mursitama, los uniformados aprovechan su posición para presionar a quienes tramitan las concesiones forestales y aceptan sobornos a cambio de ignorar las violaciones de la legalidad.
La destrucción de las selvas llega al alarmante promedio de dos millones de hectáreas por año y, dada su magnitud, ha sido registrada en el Libro Guinnes de récord mundial.
En Indonesia, se concentra la población de bosques húmedos más extensa del planeta, con más de un millón 900 kilómetros cuadrados de superficie, lo que significa que casi dos tercios de su territorio se encuentra cubierto por zonas ecológicas de las más ricas del planeta.
La hecatombe se debe en gran medida a la irresponsabilidad de la administración pública, a la corrupción y a las continuas irregularidades en la gestión oficial, o sea, al deficiente cumplimiento de la ley.
El precedente de tal problemática se ubica en el antiguo régimen de Haji Mohammad Suharto (1921-2008), que durante los 34 años de su mandato (de 1967 a 1998) dio luz verde a la explotación del territorio forestal.
Desde entonces, el gobierno cede los permisos sin el debido control y con serios riesgos para el calentamiento global del planeta y la erosión del suelo.
Organizaciones ecologistas denuncian que en la nación asiática la industria productora de celulosa y papel es ambiental y socialmente destructiva al ignorar los derechos de las diferentes comunidades y las legislaciones.
Las grandes empresas producen papel barato a partir del alto costo de la destrucción de los bosques, contaminación de ríos y liquidación de medios de vida de los residentes locales, obligados a sustentarse de la pesca.
Las selvas eran un componente esencial de subsistencia para los pobladores locales, que se han visto forzados a cambiar su estilo de vida y dedicarse a la tala ilegal, sin conocer que al ritmo actual sus bosques podrían desaparecer en un período de cinco a 10 años.
Varios grupos ecologistas han instado al presidente indonesio, Susilo Bambang Yudhoyono, electo en 2004 y reelecto en 2009, a imponer una moratoria sobre la tala ilegal como método más sencillo para reducir las emisiones de dióxido de carbono.
La organización Greenpeace acusó al gigante industrial papelero Sinar Mas de talar árboles en un área selvática en la parte indonesia de la isla de Borneo sin los estudios de impacto medioambiental previos y los permisos necesarios.
La compañía, a la que habitualmente denominan criminal climático, ha sido en reiteradas ocasiones objeto de campañas de denuncias de Greenpeace en el archipiélago.
Asimismo, las empresas fabricantes de aceite de palma aumentan su demanda sobre el usufructo de la tierra y como consecuencia ponen en peligro la biodiversidad y la existencia de especies endémicas en regiones como Sumatra, Borneo y Kalimantan.
El aceite de palma, procedente de la destrucción de los bosques de turberas, entra en la cadena de suministro de marcas comerciales como Flora, Pringles y Kitkat.
Multinacionales como Unilever, Nestlé y Procter & Gamble pretenden ignorar la calamidad que ocasionan por conseguir aceite vegetal barato, combustible o detergentes.
Por lo general, los cultivadores del producto construyen un canal para drenar la tierra, extraen madera valiosa y luego despejan la vegetación mediante el fuego.
Es decir, las turberas son desecadas, cortadas, drenadas y quemadas para en su lugar instalar plantaciones de palma aceitera.
El proceso genera incendios que tardan semanas en apagarse y libera a la atmósfera alrededor de mil millones de toneladas de dióxido de carbono por año.
Se estima que la producción de una tonelada de aceite de palma equivale a 20 toneladas de dióxido de carbono sólo por descomposición de la turba, sin incluir las emisiones resultantes de la producción o de la combustión.
Las turberas (humedales o cuencas lacustres) están formadas por grandes depósitos de materia vegetal parcialmente putrefacta acumulada durante cientos de años, e incluye árboles, pasto y maleza en descomposición.
Ellas atesoran ecosistemas de elevado valor medioambiental, constituyen un medio natural de control de inundaciones y otros desastres, actúan como esponja para absorber grandes cantidades de lluvia y reducen la amenaza de erosión.
Voluntarios de Greenpeace y residentes en algunas de las áreas afectadas establecieron un Campamento en Defensa de los Bosques para demostrar el alcance de la desaparición de las selvas y cómo la deforestación contribuye al calentamiento global.
El jefe de Estado indonesio ya promovió la siembra de mil millones de árboles por año para luchar contra la devastación de los bosques y el cambio climático.
Vamos a salvar nuestros bosques, combatir la tala ilegal, hacer todos los esfuerzos para evitar el calentamiento de nuestro planeta, añadió.
Sin embargo, esas declaraciones chocan con la realidad pues a medida que se plantan miles de árboles se cortan miles más y las iniciativas se hacen insuficientes al no tomar en consideración el tiempo en que los bosques tardan en regenerarse para poder permitir su recuperación.
(*) La autora es periodista de la Redacción Asia de Prensa Latina.
Fuente: LA PATRIA
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