Ese dicho popular de que “después del asno muerto tranca el corral”, según los observadores se aplica a la acción que cumple la aduana tras los “chuteros y los chutos”. Se sabe de pocas personas que hacen el negocio y que han logrado introducir al país más de treinta mil coches indocumentados y de los cuales más de diez mil transitan por calles y carreteras con placas clonadas.
Los carros ya están en nuestro territorio y el problema tiene ahora ribetes de escándalo porque todos califican el hecho como un “descuido flagrante” de las autoridades aduaneras, tomando en cuenta que la proporción del tráfico de motorizados es realmente espectacular y todavía no tiene una explicación lógica que descarte las apreciaciones de quienes critican la eficiencia de los encargados de evitar todo tipo de contrabando, más aún si se trata de miles de vehículos fácilmente visibles por lo menos en condiciones regulares en su recorrido inclusive por sendas improvisadas paralelas a muchos caminos.
La principal autoridad de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) lamentó la situación que se confronta actualmente y anunció una serie de operativos para cerrar un cerco que permita el decomiso de centenares de carros chutos. El trabajo se inició en surtidores de combustibles, en sitios de peaje, estaciones de servicio y en su caso bajo sospechas fundadas en garajes particulares, donde ya se ubicaron algunos autos indocumentados.
Los chutos no sólo son carros sin documentación, lo grave es que muchos de estos tienen placas clonadas, además de que se han alterado sus números de chasis y hasta de motor, por lo mismo y sin quitar optimismo a las autoridades la tarea futura es parte de una misión casi imposible.
Hay que entender que los miles de chutos están diseminados en casi todas las ciudades del país, la mayoría, según la aduana, en el eje central y con buena incidencia en el caso de Oruro, departamento cuya colindancia fronteriza con Chile permite una mayor circulación de estos motorizados ilegales y cuya procedencia- en mayoría- es chilena, donde se los vende a precios bajos y se los coloca en frontera, lógicamente en la extensa zona altiplánica de Oruro.
El Gobierno hasta el momento reiteró que “no habrá nueva nacionalización” y que se realizarán todos los operativos necesarios y con la fuerza que amerita la situación para confiscar todos los carros ilegales. Se habló inclusive de convertirlos en chatarra, pero la idea no es práctica, pues resultará de mayor beneficio incautarlos y darles utilidad de servicio práctico, por ejemplo en la conformación de una bien dotada Policía Caminera.
Sin embargo el hecho como tal significa un delito abierto, con transgresión a una prohibición vigente y quienes son parte del ilícito negocio deben ser sancionados drásticamente con la aplicación de las medidas que dispone la norma que impide la internación de carros por la vía del contrabando. Por lo mismo y con la contundencia que merece un delito agravado, sin dejar de confiscar chutos, hay que identificar y detener a los chuteros responsables directos de la internación de miles de carros indocumentados.
Se hace una analogía con lo que ocurre con la Ley 1008, que sanciona con todo rigor a los “mulitas” transportadores de droga o comercializadores menores, pero los grandes traficantes están a buen recaudo. En este caso, la gente que expone su poco capital para tener una movilidad, puede perderlo sin reclamo alguno, pero los proveedores, de momento están muy tranquilos.
Las FF.AA. de la Nación han comprometido su cooperación para controlar las fronteras, también lo hará la Policía en el área de su competencia, lo mismo que el COA, todos a trancar la puerta, aunque los carros ya están dentro.
Fuente: LA PATRIA
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