Algunas reformas que se han producido en la administración de la justicia boliviana no han dado los resultados esperados y los problemas más graves de ese sector, como retardación y corrupción según las autoridades de gobierno, se han agudizado en el último tiempo lo que obliga a tomar decisiones para recuperar la solvencia del sistema y la credibilidad ciudadana en la justicia.
El Primer Mandatario del Estado Plurinacional, durante un seminario internacional en busca de una “Nueva Justicia”, reiteró su pedido al Ministerio Público de generar no sólo cambios para agilizar la justicia y evitar su retardación eliminando además la corrupción, sino aplicando una verdadera revolución que implica cambios sustanciales.
Toda revolución produce grandes transformaciones, cambios que de manera general responden a necesidades básicas de conglomerados disconformes con sistemas o programas caducos, inapropiados, intolerantes o definitivamente malsanos, por lo mismo el planteamiento gubernamental va dirigido a realizar una transformación del sistema judicial de nuestro país.
Una advertencia está implícita en la recomendación a los operadores de justicia cuando se les recuerda que “tienen tiempo, antes que el pueblo reaccione, para hacer una revolución” y no sólo una reforma. La propuesta oficial implica dignificar la profesión de abogados para que los resultados en la institución judicial sean mejores.
A propósito del seminario internacional por una nueva justicia, se dejó claro que hay necesidad de establecer en el Ministerio Público un plan estratégico de orden institucional dirigido a encarar un plan de reforma penal desde su perspectiva integral.
Algo ineludible en la apreciación de los delegados al evento, fue reconocer que en mayor o menor grado se produce retardación de justicia aunque a diferencia de lo que ocurre en nuestro país, los porcentajes son relativamente bajos, é igualmente se registran casos de corrupción pero que detectados dan lugar a la aplicación de severas sanciones.
Otro aspecto que preocupa, en el caso de la retardación, es que además la gente de escasos recursos no puede competir con la que tiene fondos para corromper a ciertos operadores de justicia, que con actitudes al margen de la Ley ponen en vilo la seriedad, el prestigio y la imagen de la justicia.
La situación de la justicia constituye quizá la mayor preocupación para las autoridades de gobierno, las mismas que buscan por todos los medios revertir la actual situación de corrupción y retardación por otra en la que se comience por una renovación de las autoridades del sistema, para que ejerzan su labor con responsabilidad, idoneidad y más que todo conscientes de que “la justicia no es un negocio”, al contrario es un derecho ciudadano del que gozan las personas para encontrar soluciones “justas” a sus problemas, en tiempos que signifiquen un castigo injusto por falta de decisiones oportunas y equitativas.
Los operadores de justicia consideran que es posible acabar con la mala imagen de la justicia y construir de manera colectiva un cambio en el sistema (judicial) a través de una tarea responsable, que signifique transformar la justicia con una verdadera revolución, que pase por aplicar una reforma penal desde la óptica integral.
La gran preocupación del tiempo presente es encarar la renovación de las más altas autoridades del poder judicial, bajo normas que deben actualizarse especialmente en la forma de elegirlas, al margen de cualquier presión que implique politizar la justicia. Hay que hacer una revolución cuyo resultado sea una eficiente transformación.
Fuente: LA PATRIA
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