Se ha hecho muchos intentos para cambiar los sistemas vigentes en la judicatura nacional, dadas las características que se presentaron en pasadas gestiones y en la recientemente renovada administración de justicia, pero los resultados no han variado y todos los intentos pasaron a ser sólo una gran esperanza… que empero debe mantenerse como alternativa para encontrar las soluciones a tan delicado problema.
Los grandes problemas que se mantienen pese a ciertos cambios introducidos en los procesos judiciales no han logrado agilitar la justicia y disminuir la enorme carga de causas, que son parte impresionante de una innegable retardación de justicia que complica seriamente al Poder Judicial en conjunto con una continuación de miles de casos que se atienden lentamente.
El gran problema es que en esa tramitación se involucran igualmente a miles de ciudadanos que se encuentran tras las rejas sin sentencias y en calidad de “detenidos preventivos”, el hecho es que esa incomprensible e injusta situación se prolonga por varios años, lo que contradice el objeto y fin de aplicar justicia con responsabilidad y equidad, pero además con sentido humano y como resultado de una minuciosa investigación, un proceso límpido y una causa que se enmarque en las condiciones jurídicas establecidas y aplicadas por jueces probos sin compromisos subalternos.
Hace más de una década se encaró una reforma constitucional queriendo modernizar y compatibilizar la administración de justicia y las tareas inherentes del Estado en la dirección de dar eficiencia y calidad a todo el sistema jurídico. Se organizaron el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura y con este añadido especial se sustituyó el antiguo Código de Procedimiento Penal por el Nuevo Código de Procedimiento Penal, creando como innovación los tribunales de sentencia integrados por dos jueces técnicos y tres jueces ciudadanos. El cambio del viejo modelo de las detenciones preventivas que abarrotaron las celdas carcelarias debía agilizar sentencias y eso pasó en cierto modo, pero con algunas interpretaciones erróneas.
Sucedió que ante la protesta ciudadana jueces y policías dejaban en libertad en cuestión de horas a peligrosos delincuentes y mantenían detenidos y sin juicio a ciudadanos que necesitaban un tratamiento orgánicamente jurídico, pues muchos eran realmente inocentes. Frente a ese procedimiento que fue severamente criticado se modificó parcialmente el Código Penal y las cosas empeoraron, pues se elevó el número de detenidos preventivos.
El nuevo intento por encontrar remedios para curar a la deteriorada justicia fue la elección de los más altos magistrados del Órgano Judicial mediante el voto ciudadano, pensando que el modo de elegirlos de manera democrática permitiría contar con un equipo de profesionales que realmente cambie la estructura de la justicia. No se cumplió el objetivo trazado y la situación se complicó, el hecho fue admitido por el Primer Mandatario y su equipo de ministros preocupados de buscar cambios efectivos en la administración de la justicia boliviana.
Hay obligación de reparar la delicada maquinaria judicial de orden central y de orden departamental para devolver la confianza a la comunidad y establecer normas de responsabilidad y credibilidad en un nuevo esquema jurídico que sea renovado a través de un proceso revocatorio refrendado por la misma participación ciudadana a través de su voto en un referéndum.
El futuro será de expectativa en la designación de nuevos magistrados, cuya formación profesional sea comprobada y ratificada con atributos de solvencia moral y una obligada hoja de servicios en la que predomine la ética y la moral con pleno respeto a los derechos humanos y sin ninguna injerencia partidista.
Fuente: LA PATRIA
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