Viernes 25 de julio de 2014
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Un problema muy serio que lamentablemente tiene particular incidencia en la economía del departamento, está en relación con la ejecución presupuestaria que deben cumplir, tanto el Municipio, como la Gobernación y la Universidad pública que se nutren con recursos estatales a través de la distribución de fondos porcentualmente asignados por impuestos y regalías.
Un complejo sistema establece los presupuestos institucionales y por una serie de mecanismos administrativos son desembolsados para cada organismo, aunque no siempre con la eficiencia que sería deseable para que se cumplan los compromisos contraídos en cada instancia que en su generalidad deben cubrir gastos por la ejecución de proyectos.
Generalmente en la administración interna de cada institución se cuidan los detalles sobre la ejecución presupuestaria, mostrando algunas cifras que no condicen con el movimiento real de los recursos públicos. Se minimiza el retraso en el gasto público y casi siempre se atribuyen las fallas a una serie de discrepancias entre los sectores “legislativos y ejecutivos” del municipio o la gobernación. Concejales y Asambleístas casi siempre discrepan en la aprobación del Presupuesto Operativo Anual (POA) y allanar las incompetencias demanda buen tiempo de la gestión. En el caso de la Universidad, el problema se presenta entre autoridades y su Consejo deliberativo, con variadas suspicacias.
Fuente: LA PATRIA
