Los ingentes carros indocumentados conocidos como “chutos” que ingresan a nuestro país, por la amplia frontera que compartimos con Chile, han movido a varias investigaciones pero también a un seguimiento periodístico que permitió visualizar la situación en el terreno y coincidir con los informes de autoridades policiales del vecino país, sobre la existencia de más de un centenar de rutas ilegales que se utilizan no sólo para el movimiento de los autos sino también de grandes camiones cargados con una inmensa variedad de productos suntuarios de las líneas blanca y negra y de ropa usada.
Pese a la aplicación de varios programas de control aduanero, en algún periodo de orden conjunto entre los dos países, la acción del contrabando ha rebasado esos planes y la circulación de motorizados irregulares y los que cargan mercadería no legalizada, aumenta descomunalmente con perjuicios particularmente para la economía boliviana.
Desde Chile se menciona que está en aplicación el “Plan Frontera Norte” que dispone el control de 168 kilómetros lineales de frontera, pero se reconoce que hay tantas vías habilitadas que se hace casi imposible un control estricto para frenar la incursión de los contrabandistas, especialmente cuando penetran en el desguarnecido territorio boliviano, donde hay tantas sendas que fácilmente se puede sumar unos 800 kilómetros de rutas ilegales que tienen destinos fijos en poblaciones rurales, donde se “guardan” temporalmente los “chutos” y se deposita la mercadería.
Ante esas revelaciones, el control boliviano resulta propiamente inoperable pues no se cuenta con la cantidad suficiente de motorizados, el personal, en este caso del COA, es limitado, no está adecuadamente equipado y la amplitud del espacio en que se mueven los contrabandistas es incontrolable.
En el último tiempo se ha reactivado el contrabando en movimiento de autos ilegales, ya se suman centenares y están distribuidos en comunidades del altiplano, muchos son utilizados en áreas provinciales donde el control de la Aduana o la Policía propiamente no llegan. Pero paralelamente para mejorar el negocio los contrabandistas más audaces han avanzado hacia centros más poblados y próximos a las ciudades de Potosí y Oruro, el caso de Uncía y Challapata.
Ya ha comenzado el movimiento de los “chuteros” en pos de organizarse para plantear al Gobierno una nueva nacionalización masiva de coches ilegales y con esa perspectiva, indudablemente que ya se nota el incremento de movilidades en algunos centros en los que se concentra el negocio para la venta de tales motorizados incluyendo las ofertas el SOAT y la placa, lo que hace que esos motorizados prácticamente estén habilitados para transitar, una mayoría como transporte público.
En el otro caso, efectivos del COA incautan centenares de fardos de ropa usada o variada mercadería, también procedente de Chile, con embarque en la Zona Franca de Iquique, donde se admite sin problemas que los “comerciantes bolivianos” dan vida a ese puerto y a la Zofri, aspecto que tiene su incidencia altamente negativa en la economía afectando a la industria nacional, especialmente la de textiles, alimentando el mercado ilegal de los ropavejeros.
Este problema debería ser considerado en niveles superiores, pero de manera bilateral, pues hay convenios vigentes para ejercitar un control coordinado a las actividades ilícitas del contrabando y/o el tráfico de drogas. Se informó que en el caso de drogas, hay intercambio de información entre entes policiales, pero en el caso del contrabando se necesita ejercer mayor coordinación para frenar un delito que favorece a Chile, pero perjudica severamente a Bolivia.
Fuente: LA PATRIA
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