Decreto para frenar los avasallamientos

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Ya era tiempo que en el nivel superior del poder Ejecutivo se adopten medidas contundentes para frenar el avasallamiento de propiedades mineras privadas, de las cooperativas e inclusive algunas del Estado con un saldo perjudicial para los afectados, inclusive con resultados fatales por actos de violencia.

El viceministro de política minera, Eugenio Mendoza, declaró a la ANF que se está preparando un Decreto Supremo que permitirá implementar y aplicar un procedimiento legal para frenar la toma irregular de centros mineros de las cooperativas y de empresas privadas, en algún caso inclusive áreas de operación de la minería estatal.

En la actualidad está vigente la Ley 367 promulgada el pasado año por el Presidente Morales que incorpora el delito de avasallamiento dentro el Código Penal y que establece una condena de 3 a 8 años de privación de libertad para las personas que se apropien ilegalmente de algún yacimiento o comercialicen minerales sin autorización de la Comibol.

Para el ejecutivo de la Federación Regional de Cooperativas Auríferas de La Paz, la Ley contra la toma ilegal de centros mineros es “un saludo a la bandera” pues no se ha hecho nada práctico que signifique una sanción efectiva para los avasalladores que persisten en su tarea de ocupar y apropiarse de centros mineros productivos, lo que constituye una muestra del poco interés de las autoridades por frenar este proceso de inseguridad que pone en riesgo y aleja las inversiones privadas.

Hay muchos casos que no han sido solucionados, el avasallamiento ha sido consumado y los perjuicios son parte de un registro lamentable que sólo es parte de una referencia que no tiene fuerza legal para retornar a sus legítimos propietarios.

Lo que se ha planteado al Ministerio de Minería es que active medidas concretas para frenar los avasallamientos, haciendo cumplir la Ley vigente y sancionando a los infractores pero además lo que corresponde en justicia es que también se corran los trámites de rigor para recuperar los bienes de las empresas avasalladas, tal el caso de las minas Himalaya, Puerta del Sol, entre otras por ejemplo en Oruro donde los empresarios fueron despojados de sus equipos, herramientas, minerales y la propiedad de explotación.

Por lo visto en tanto no se defina un reglamento a la Ley Minera y se apruebe una modificación en lo concerniente al tema de la consulta previa y la aclaración de lo que significa “tierra y territorio”, y en el caso minero “suelo y subsuelo” las cosas no tendrán una práctica solución, aunque el ministro César Navarro afirmó que para frenar los avasallamientos se deberá lograr una mayor coordinación entre las gobernaciones y municipios para controlar lo que reconoció como un proceso “critico” que debe ser controlado.