Martes 23 de febrero de 2010
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Más allá de las pugnas internas que se presentan en el partido gobernante hay quienes afirman que parte de esos inconvenientes corresponden al orden en que se presentan esas “facturas políticas” que deben pagarse por los votos que permitieron asegurar —como nunca— un apoyo eleccionario masivo.
No se trata de interpretar una serie de análisis políticos sobre el asunto, la simple lógica nos muestra que en política toda ayuda tiene su particularidad para cobrar antes o después el valor de la factura extendida.
Si se observa lo que ha sucedido de manera permanente en todo gobierno que pasó por el Palacio Quemado, sea dictatorial o democrático, el valor de los apoyos se mide en el cobro de “pegas”, esa es una realidad que se extiende a todo el sistema de la Administración Pública y que también ahora comienza a manifestarse, una vez que se consolidó el esquema.
En cualquier tipo de transacción temporal, corta o larga, hay que pagar interés, no es para asombrarse, el que presta cobra y si no protesta, eso es lo que está ocurriendo ahora y se trata de un proceso que puede alargarse en la medida que más gente, movimientos sociales, estructuras sectoriales e inclusive de otras tendencias ideológicas, se acuerden que algo “pusieron” y por lo mismo consideran un derecho reclamar el pago prometido.
Fuente: LA PATRIA
