Aunque hay quienes digan que el famoso D.S. 21060 ha sido “neutralizado”, lo cierto es que esa medida de corte neoliberal, de la libre oferta y demanda persiste en parte de su aplicación en el sistema del comercio que se desarrolla en los centros de abasto, el caso concreto de los mercados, en los almacenes de abarrotes, en las tiendas de barrio y hasta en los puestos de comercio informal, donde la transacción está en función a la necesidad de comprar y atenerse al precio de quien hace la oferta.
Pocos días atrás las amas de casa, que son quienes miden de manera directa la fluctuación de precios en los mercados y almacenes a tiempo de surtir a medias la canasta familiar, expresaron su molestia por el incremento de precios en algunos productos, el caso de la carne de res, la de cerdo y además ciertas verduras y abarrotes que se consideran artículos de primera necesidad y que deben ser parte del cupo diario que cada familia tiene para cubrir la alimentación familiar y ahora con más restricciones en el presupuesto que no se estira, ni alarga.
El comportamiento del sector gremial, el de comerciantes minoristas se rige por la oferta y la demanda, especialmente cuando se encuentran pretextos, más no razones para subir los precios en varios pesos o de centavo en centavo, al final la especulación es práctica cotidiana en el tiempo actual, sin que exista control de precios, y menos alguna regla que evite el juego ilegal del comercio para restar el valor adquisitivo del salario y de la canasta familiar.
No hay que olvidar una regla especial que se da en el comercio de manera general y es que todo incremento especialmente en el valor de los productos de uso y consumo familiar, produce inflación y si tal proceso rebasa ciertos límites de control, la economía popular entra en una espiral que puede crear una seria distorsión entre lo que se gana y lo que se gasta, hablando de los sectores que viven con un salario fijo o con ingresos al día.
Las autoridades tienen que establecer las causas de esta acometida de temporada por parte de los comerciantes. Para las autoridades no hay un motivo justificado, luego de solucionar el caso del precio de carne en gancho y descubrir que los intermediarios y no los proveedores fueron causantes de la especulación, podría ser que en los otros productos esté sucediendo algo parecido, por lo mismo el asunto merece investigación y aplicación del freno legal en defensa de la economía familiar.
Algo pasa también en el sector rural, donde se comenta que los agricultores y ganaderos han optado por trasladarse a las ciudades con fines de comercio, no precisamente de sus productos, más bien de otro tipo de mercadería que les genera mayores ventajas y posibilidades de insertarse en la economía informal con perspectiva de mejores ganancias y su incorporación oficial a la corriente de la “clase media social” que tiene más beneficios que en el área rural.
La otra situación, a confesión de parte, es que muchos productores de frutas u hortalizas, han cambiado o han retornado a la plantación de la hoja de coca en sectores donde ese comercio es más lucrativo que el abastecimiento de los productos alimentarios para la canasta familiar. Puede ser otra causa de escasez de ciertos productos y de su encarecimiento. En todo caso se exige un adecuado control de las autoridades en resguardo de la economía familiar.
Fuente: LA PATRIA
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