Sábado 12 de julio de 2014
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El Gobierno de España ha batido todos los récords de legislación a través de decretos leyes y el viernes pasado se superó a sí mismo aprobando el de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, un auténtico batiburrillo en el que se mezclan privatizaciones, convocatoria de plazas de militares, una propina de 164 millones de euros a Gas Natural o el cambio de nombre del evento coruñés que conmemora la primera exposición de Picasso, entre otras muchas cosas.
El decreto ley es un instrumento legislativo que según nuestra Constitución solo se debe utilizar “en caso de extraordinaria y urgente necesidad”, pero que en los últimos años se ha convertido en el modo habitual y no excepcional de legislar en perjuicio del debate parlamentario.
Muchos juristas consideran que eso está justificado porque la crisis económica que vivimos crea una coyuntura de excepcionalidad que reclama respuestas inmediatas y de esa misma opinión parece ser el Tribunal Constitucional pues, aunque con matices, aceptó que el decreto ley es un instrumento normativo adecuado por la “necesidad de consolidar el crecimiento de la actividad económica”.
