Ante la carrera electoralista y la inminente tarea proselitista que deberán cumplir los asambleístas, la mayoría del oficialismo y unos cuantos de la oposición que no pueden hacer mucho por sí solos para aprobar las normas que requiere la sociedad boliviana, lo que se conoce es que de casi cien leyes propuestas para su aprobación en el plan de Gobierno del 2010 al 2013, menos del 50 por ciento llegaron a la instancia de ser instrumentos operativos para que funcione la nueva Constitución Política del Estado (CPE).
De un recuento oficial se determinó que 98 fueron los proyectos de leyes que se propusieron para su aprobación, de ese número y desde la gestión 2010, sólo se promulgaron 40 y 58 están en “curso de trámite”, lo que muestra una tarea lenta y contemplativa por parte de la mayoría de legisladores oficialistas que tenían la misión de avanzar en la aplicación de normas efectivas que permitan activar el contexto de la nueva CPE.
Lo interesante es que a raíz del ajetreo obligado de parlamentarios, con motivo de presentar planes objetivos, en el caso de quienes legislarán hasta diciembre salta a la vitrina pública ese detalle de las tareas cumplidas que no se ajustaron a los planes previstos, pues en materia de legislación fue poco lo que se hizo.
De las 35 propuestas en materia orgánica sólo 16 se promulgaron; en materia social las propuestas eran 29 y sólo salieron 12; en tanto que de 29 proyectos de leyes económico – sociales, también fueron sólo 12 los promulgados; en tanto que en la delicada temática de tierra y territorio se proyectaron cinco normativas y no se aprobó ninguna. Eso significa que un asunto sumamente sensible en relaciones gobierno y comunidades originarias simplemente no se tomó en cuenta para su tratamiento con “cargo de urgencia”.
Como justificativo de las actividades cumplidas en tres gestiones se mencionan cinco leyes fundamentales aprobadas, son la Ley Marco de Autonomías, la Ley del Órgano Judicial, la Ley del Régimen Electoral, se añade también la Ley del Órgano Electoral y la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, además entre otras la Ley de Deslinde Jurisdiccional y la de Control Social.
Para algunos observadores la repetición en el tratamiento de las leyes con relación al “régimen o al Órgano Electoral” resulta reiterativa, en tanto que la Ley de Partidos Políticos no avanzó en su tratamiento cuando se la requería con mucha urgencia para dinamizar un próximo proceso electoral.
Según los legisladores “faltó tiempo” para promulgar todas las leyes propuestas, más de la mitad quedaron en el camino, varias se encuentran en tratamiento, algunas observadas y otras aprobadas en una sola cámara del Legislativo, por tanto susceptibles de modificaciones que demorarán su visto bueno.
En criterio de legisladores de la minoría parlamentaria, la mayoría de las leyes aprobadas son meramente declarativas y protocolares, pocas cumplen el objetivo de instrumentalizar la aplicación de la nueva CPE y en el tiempo que resta hacia fin de año será poco probable que se promulguen las leyes tan esperadas como las relacionadas con la violencia contra la mujer, la de los niños y adolecentes, la Ley Orgánica de las FF.AA., la que reclama la Policía o la que esperan para encarar el desarrollo integral de la Amazonía.
Faltan muchas leyes, pero también falta tiempo y en la competencia electoral, este factor es imprescindible, lamentablemente no es posible “estirarlo”.
Fuente: LA PATRIA
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