La determinación del Gobierno de Chile de objetar la competencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, respecto a la demanda marítima boliviana, muestra según los expertos y entendidos en materia diplomática, una abierta inseguridad ante un proceso que tiene sólidos argumentos.
Autoridades nacionales lamentaron que Chile pretenda desconocer y observar la competencia de una Corte Internacional en la cual se resuelven las controversias entre Estados, pero de manera pacífica. Hay que recordarle a Chile que no puede marginarse del marco que rige el derecho internacional, pues la CIJ tiene plena competencia para tratar el proceso planteado por Bolivia, debido a que los dos países son signatarios del Pacto de Bogotá.
Es bueno remarcar lo que expresa el artículo XXXI del Tratado Americano sobre Arreglo Pacífico de controversias (Pacto de Bogotá) suscrito en abril de 1948 que a la letra dice: “Las altas partes contratantes declaran que reconocen respecto a cualquier otro Estado Americano como obligatoria (ipso facto), sin necesidad de ningún convenio especial mientras esté vigente el presente Tratado, la jurisdicción de la expresada Corte en todas las controversias de orden jurídico que surjan entre ellas y que versen sobre la naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por el quebrantamiento de una obligación internacional”.
Bajo esa alternativa legalmente establecida y admitida tanto por Chile como por Bolivia en su tiempo original, la posición asumida por Chile como lo observan los entendidos es una demostración muy clara de la inseguridad de la diplomacia del país trasandino en el tratamiento y defensa ante el proceso planteado por Bolivia respaldado en sólidos argumentos, situación que sin embargo puede dilatar el proceso jurídico del tema marítimo.
En Chile hay dos corrientes claramente expresadas, por una parte la presión de los sectores tradicionales que se mueven internamente y que tienen el poder de generar medidas a nivel Estado, pero por otra está la insurgencia de corrientes democráticas, movimientos sociales de jóvenes e intelectuales que se ubican en la posición de abrir una consulta para tratar la demanda de Bolivia entendiendo que “en el tiempo presente deben primar la política de integración entre los países hermanos del continente, para enfrentar las corrientes dominantes que generan atraso y postergan el desarrollo de la nueva sociedad latinoamericana”.
Entre algunos argumentos que pregona Chile, está el de respetar los tratados y se menciona el Tratado de 1904, que lamentablemente y con pruebas objetivas es incumplido desde siempre por al Gobierno de la Moneda, perjudicando de manera ostensible el “libre tránsito en puertos chilenos de los embarques de exportación e importación, sin límites ni restricciones”. Arica, Antofagasta e Iquique, tienen administraciones privadas chilenas, que obstaculizan los fines del Tratado de 1904, además de otra serie de irregularidades que comete la prevalencia chilena, por ejemplo con el abusivo uso de las aguas del Silala sin pagar un solo centavo y acumulando una deuda histórica que deberá ser honrada. El desvió de las aguas del Río Lauca, o no completar el desminado de una zona fronteriza, son sólo algunas más de las incongruencias sobre el Tratado de 1904.
La solicitud boliviana ante la CIJ está referida a la disputa entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República de Chile, sobre la obligación del país trasandino de “negociar de buena fe y de manera efectiva con Bolivia a fin de alcanzar un acuerdo que otorgue a Bolivia un acceso plenamente soberano al Océano Pacífico”. Un planteamiento en el que no se retrocederá.
Fuente: LA PATRIA
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