Aparentemente resulta una incongruencia señalar que ciudadanos de un departamento nacional tenga que “defender su territorio” frente al avance de otro u otros distritos vecinos, cuando en realidad se trata del territorio nacional que es pertenencia de todos los bolivianos.
Lo evidente es que como se ha reconocido y en los más altos niveles, nuestro país nació a la vida republicana en 1825 con una conformación departamental producto de uso, costumbres y tradiciones que delimitaron las jurisdicciones territoriales, sin embargo en la mayoría de los casos, como se establece en la actualidad no se definieron técnica y legalmente esos límites internos, salvo Pando que es el único departamento con toda su demarcación en orden.
Esa falta de una “señalización territorial” que debe oficializarse para eliminar los problemas de límites territoriales ha estado en trabajo constante de autoridades jurisdiccionales en cada caso, con el apoyo de organismos militares primero y luego con una unidad especializada como el Instituto Geográfico Militar (IGM) que sin embargo todavía tiene mucho por hacer en ese trabajo de establecer claramente en el terreno y en cartas geográficas la jurisdicción territorial de cada departamento, por un parte y dentro esos límites los que corresponden a todas sus provincias, comunidades y cantones como parte del necesario ordenamiento geográfico que necesita el país.
Suena a tragedia mencionar que entre bolivianos tengan que enfrentarse por problemas territoriales, cuando en realidad lo que sucede es desconocimiento premeditado de acuerdos inclusive ancestrales pero que dejan de ser válidos al surgir intereses económicos, alentados por consignas sectoriales o políticas que se patentizan en violento avasallamiento de tierras.
Con el objeto de solucionar estos problemas que preocupan a vecinos de las poblaciones ubicadas en límites departamentales ante la amenaza constante de comunarios belicosos, se hace necesaria la intervención de las más altas autoridades sectoriales, es decir de ministerios que tienen que ver con el cuidado de tierra y territorio, delimitación agraria y ahora las que tienen bajo su control la Ley de Autonomías y la vigente sobre territorialidad de comunidades.
De algún modo se dejó entrever que el problema de límites debía solucionarse entre las partes en conflicto, lamentablemente en el caso de Oruro y Potosí tal instancia no prosperó de ahí que el delicado asunto debe pasar a tratamiento ministerial y si no se encuentra adecuada solución pasará a instancia de la justicia ordinaria, donde se supone se aprobarán medidas que eliminen fricciones y garanticen la convivencia pacífica de vecinos bolivianos en las jurisdicciones que les corresponda.
Se ha conformado un comité de defensa del territorio orureño, compuesto por representantes de instituciones locales, cuya misión será la de gestionar en las instancias que correspondan una solución efectiva y pronta al conflicto de límites, tomando en cuenta una serie de elementos que demuestran el interés regional orureño por encontrar soluciones acordes con los derechos de las comunidades y el respeto a la posesión territorial de larga data, como consta en sucesivos acuerdos de pacificación y compromisos de respeto mutuo.
Hay intereses e intereses… y parece que para algún sector este delicado problema de territorialidad es menos importante que los trajines políticos cuando lo ideal es resolver pacíficamente los conflictos entre vecinos bolivianos. La responsabilidad de dirigentes institucionales, debe mostrarse con ejemplos prácticos dirigidos a consolidar un reencuentro de hermanos, sin compromisos políticos, sino con objetivos solidarios para encarar el desarrollo del país.
Fuente: LA PATRIA
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