Martes 01 de julio de 2014
ver hoy
Que en Bolivia haya cientos de perseguidos, presos, enjuiciados y más de 700 exiliados, víctimas del acoso político con carátula judicial, expresa la negación a la pluralidad política, a la disidencia, al derecho a la crítica, en suma, al respeto de los Derechos Humanos en democracia. Si aquellos existen es porque se oponen al pensamiento único autoritario del régimen de Evo Morales.
A la liberación por falta de pruebas del cívico tarijeño Felipe Moza, y del periodista de Riberalta, Jorge Melgar, tras cinco años de detención, deben sumarse los 39 imputados del complot oficialista contra las autonomías bajo el título ‘separatismo-terrorismo’.
También, Leopoldo Fernández detenido hace casi de 6 años y las demás personas enjuiciadas por ser opositoras. Así como el gobernador Rubén Costas, marcó la diferencia en el G77, cuando dijo que podía ser la voz de exiliados, presos sin proceso y perseguidos injustamente, la alianza opositora Samuel-Ernesto, debe exigirle a Morales una amnistía política general. Solo así, aquellos podrán ejercer sus derechos y se podrá corregir las fallas de la administración de justicia, que anda coja o amputada pues está cooptada por el poder político.
