Martes 01 de julio de 2014
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Los derechos humanos universales no pueden ser una opción porque no hay otra similar en valor, en dignidad y en excelencia. Puede una sociedad determinada no reconocerlos y actuar como si no existieran, o como si dependieran de la sanción del poder legislativo. Esa actitud será legal, puesto que legislada, pero no justa. Como legales fueron los campos de concentración alemanes y soviéticos, el apartheid en Sudáfrica o la esclavitud durante siglos. Ninguna autoridad puede darlos o retirarlos legítimamente porque son una categoría antropológica de las personas.
Estos derechos humanos -políticos y sociales- pertenecen a todos los seres humanos. Todos. Lo más que pueden hacer los poderes políticos es reconocerlos. Pero, aunque no lo hicieran, como sucede cada día en tantos lugares del mundo, no hay que esperar orden de mando alguna: es preciso arrebatarlos y ejercerlos.
Es unánime la doctrina jurídica de que, ante cualquier tiranía, no sólo es lícito rebelarse y matar al tirano sino que la resistencia se convierte en deber ético irrenunciable.
Vivimos enajenados por la falacia de que las cosas no son hasta que las dictan los poderes dominantes. No hay que esperar ley ni permiso alguno para ejercer los derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de felicidad. Con todos los derechos sociales que de ahí se derivan: trabajo, salud, cultura, vivienda digna, libertad de pensamiento y expresión, libre asociación, diversidad y la participación en la cosa pública como suma de todos los derechos políticos.
