El “perdonazo” y las nuevas leyes municipales

La aprobación de la Ley de Regulación Voluntaria de Adeudos Tributarios que establece el “perdonazo” y favorece a los contribuyentes para “limpiar deudas al municipio” y en otros casos a quienes no lograron su regularización tributaria municipal, estará vigente de todas maneras y se debe aplicar, así el Ejecutivo edil no haya redactado la reglamentación para otorgar ese beneficio.

Ello supone que todos los ciudadanos podrán aplicar el consabido “borrón y cuenta nueva” en el tema de los tributos municipales, lamentando que a la fecha y pese haber transcurrido el tiempo establecido por procedimiento y desde la promulgación de la ley el pasado 26 de mayo, no se haya remitido al Concejo Municipal la reglamentación para su aprobación y puesta en vigencia.

La ausencia de una reglamentación para recuperar los adeudados tributos municipales, estimados en 350 millones de bolivianos que corresponde a varias gestiones, es clara muestra de la negligencia de las autoridades y de los funcionarios de nivel superior del Ejecutivo, que lejos de estar inmersos en la problemática municipal, otorgan más atención a sus asuntos personales –por así decirlo- porque con seguridad el “perdonazo” suprimirá exigencias que ahora aplican para “ayudar a los contribuyentes” a poner en orden sus documentos.

La falta de interés es latente, porque mientras los ciudadanos del Municipio de Oruro quieren pagar sus tributos y regularizar su situación tributaria, los responsables de redactar la reglamentación y que elaboraron antes unas leyes para “regularizar el tema de la tenencia de tierras”, ahora están más bien muy interesados en aprobar –como sea- un nuevo reglamento para garantizar el funcionamiento de bares, cantinas, centros de diversión y hasta legalizar los tugurios que funcionan en zonas aledañas a colegios, establecimientos de culto religioso, hospitales, y otros recintos donde toda norma prohíbe su existencia.

Para ello, sin duda que debe existir un interés muy particular, porque por ejemplo se pretende que esos locales de expendio de bebidas alcohólicas funcionen a una distancia de 150 metros lineales de los recintos que deben estar protegidos, cuando toda norma razonable establece que el área es del perímetro, pretendiendo así legalizar el funcionamiento de todos los “boliches” en la zona central de la ciudad, en franca violación de la normativa municipal vigente en otros municipios del país.

Estos hechos demuestran que hay intereses vedados en la aplicación de normas y procedimientos municipales, puesto que incluso las leyes aprobadas son objeto de críticas permanentes y severas observaciones porque se incumple la ley y se pretende aplicar medidas dirigidas a proteger determinados intereses, lejos de otorgar una solución clara y transparente a los problemas de tierras en el municipio de Oruro que exigen y demandan los ciudadanos del municipio local.

Este manejo discrecional de la normativa municipal provoca profundas reflexiones porque fueron las propias autoridades municipales, en su caso el presidente del Concejo Municipal, Germán Delgado, y la alcaldesa Rossío Pimentel, quienes denunciaron que hay funcionarios municipales comprometidos con actos irregulares, lo que frena con seguridad el desarrollo de las actividades comunales, como en este caso que al no existir el reglamento para aplicar el “perdonazo”, que en definitiva permitirá sanear la economía del municipio tomando en cuenta que la mora es elevada y las posibilidades de recuperar ese dinero son casi nulas, habrá que ver cómo se da viabilidad a una norma que favorezca al municipio lejos de cualquier interés o asunto personal.

Ojalá las autoridades municipales identifiquen plenamente a los funcionarios que utilizan esa condición para beneficio personal, lejos de contribuir a la solución definitiva de la problemática municipal, al extremo que permiten que en la ciudad y la jurisdicción del Municipio de Oruro exista una oficina gestora de otro municipio que también recauda tributos por trámites que realizan los ciudadanos que se cansaron de esperar que las normas y disposiciones municipales les favorezcan y les permitan contribuir a su municipio.

(*) Periodista

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