Jueves 26 de junio de 2014
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Una pregunta ronda mi cabeza desde la primera vez que me enfrenté a un requerimiento fiscal que me ordenaba levantar el secreto de la fuente: ¿y el artículo 153 del Código Penal?
Pero antes de mayor confusión por parte de los lectores, aclaremos las cosas.
Para empezar, el secreto de la fuente es una institución del Derecho Internacional porque está reconocida como tal en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica. Consiste en mantener en reserva el nombre o nombres de la persona o personas que proporcionan información de interés público a un periodista o periodistas.
Un requerimiento fiscal es un pedido, equivalente a una orden, que emite una autoridad del Ministerio Público a una persona individual o colectiva.
Desde hace un cuarto de siglo, cuando recibí mi primer requerimiento en ese sentido, encontré que había colisión entre el pedido del fiscal y lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Imprenta. El referido artículo dice que “el editor o impresor que revela a una autoridad política el secreto del anónimo, sin requerimiento del juez competente, es responsable, como delincuente, contra la fe pública, conforme al Código Penal”. Si levantar el secreto de la fuente me convierte en delincuente, ¿cómo es que un fiscal me pide que lo haga?.
