El presidente Evo Morales, a tiempo de entregar importantes recursos para YPFB, ha señalado claramente que los ex ejecutivos de esta empresa estatal, Alvarado, Ortiz y Morales, fueron víctimas de todo tipo de acusaciones falsas, por parte de los enemigos de la nacionalización y del proceso de cambio, que perjudicaron grandemente al país al lograr el alejamiento de éstos de YPFB.
Es verdad lo señalado. La situación actual de YPFB sería diferente de haber continuado en el cargo cualquiera de los mencionados y, en especial, el ingeniero Jorge Alvarado Rivas, técnico de altos quilates en la materia y hombre comprometido con el proceso. Pero, fue un verdadero complot el que se tejió en su contra, no de la oposición, sino de gente ambiciosa del propio gobierno, que buscó su caída para capturar la dirección de la más importante empresa estatal de Bolivia. Yo estuve en el ojo de la tormenta y conocí desde adentro, desde la Dirección Jurídica, lo sucedido con el Ing. Alvarado, primer Presidente Ejecutivo de YPFB en el actual gobierno de cambio.
El complot se tejió y vino no de la oposición, ni de las petroleras afectadas con la nacionalización, sino del Ministerio de Hidrocarburos, cuyo ex titular, político ambicioso y ególatra, pretendía tener el control total de la cadena hidrocarburífera, para adjudicarse la paternidad de la recuperación de los hidrocarburos. Ya tenía el control del Ministerio de Hidrocarburos así como de la Superintendencia del ramo, por lo que, pretendía capturar YPFB, a cualquier precio, para ser el Gran Señor de la Nacionalización y así lavar su tortuoso pasado político. Para este afanoso objetivo utilizó a sus perros de presa Sainz y Téllez, con el incentivo de hacer nombrar a uno de ellos Presidente Ejecutivo de YPFB. Entonces, ambos, relamiéndose las fauces, le dieron con todo a Alvarado y el resto lo hizo la oposición y las petroleras. Estas últimas, no podían desperdiciar semejante oportunidad de tumbar a un símbolo del cambio, con apoyo de gente del propio oficialismo.
Luego de la Nacionalización, uno de los trascendentales retos que debía asumir YPFB, era abastecer de combustibles a todo el territorio nacional, tarea antes en manos de las empresas petroleras privadas. Esta obligación debía asumirse obligatoriamente a partir del 1 de julio de 2006. El mercado más difícil de abastecer era el noreste del país, Cobija, Guayaramerín, Riberalta, etcétera, por no existir ductos ni caminos directos a esas ciudades. Con este motivo, se analizaron diversas opciones. La decisión debía ser tomada sin demora alguna, lo contrario significaba dejar sin diesel a toda una región del país. No tomar una decisión era pecar de omisión y ser acusado de ineficiente, dar lugar a que se diga que con las empresas privadas había abastecimiento y con YPFB ineficiencia y carestía del vital combustible.
La fecha se aproximaba y había que tomar decisiones. En interminables horas de trabajo en la Vicepresidencia de Operaciones se estudiaron todas las opciones y ofertas recibidas. En resumen eran cuatro: a) Una empresa brasilera ofreció transportar el combustible, por carreteras del Brasil y entregar el producto en Guayaramerín, por el precio mensual de $US. 300.000; inaceptable por el monto elevado; b) Otra ofreció entregar gratuitamente el combustible, en el noreste, pero a cambio de comercializarlo, también inviable por el Decreto de Nacionalización; c) Abastecer el mercado, mediante pequeños carros cisterna, a través del angosto camino de los Yungas, inviable en época lluviosa; y d) Vender crudo a una empresa y a cambio recibir sin costo alguno el diesel en las ciudades del noreste. Esta última propuesta era la más viable, mientras YPFB tienda oleoductos propios hasta esas alejadas regiones o encuentre otra solución. El crudo iba a ser vendido, a precio internacional, en consecuencia no había pérdida ni daño para el país, mucho más si el contrato era TEMPORAL, por apenas dos años, tiempo en el que se esperaba que YPFB cuente con ductos propios al noreste.
La Ley boliviana faculta expresamente a YPFB comprar, vender y exportar combustibles, definiendo en cada caso las condiciones, volúmenes y precios con EMPRESAS PRIVADAS u otras (Arts. 17-4 de la Ley 3058 y 2-II del D.S. 28701). Con el respaldo de esta normativa legal, YPFB suscribió un contrato TEMPORAL de compra – venta de Petróleo con la Empresa “Iberoamericana”, para que ésta entregue a YPFB en Guayaramerín, sin costo alguno, el volumen correspondiente de diesel contenido en el petróleo vendido y exportado.
Para dar máxima transparencia al contrato y evitar toda duda, Alvarado instruyó a la Vicepresidencia de Operaciones, que negociaba el acuerdo, que en el contrato conste una cláusula expresa sobre la nulidad del mismo en caso de ser negada la exportación del petróleo. En este sentido, el artículo 15 señala que el contrato será válido, sólo en el caso de que la Superintendencia de Hidrocarburos autorice la exportación del petróleo, lo que significa que se trata de un contrato con cláusula suspensiva y en consecuencia no perfeccionado.
La empresa “Iberoamericana”, en base al contrato, pidió a la Superintendencia de Hidrocarburos autorización para exportar el petróleo comprado de YPFB, pedido que fue negado, por lo que, en cumplimiento del mencionado artículo 15 el contrato quedaba sin efecto. Sin embargo, este contrato, que buscaba el abastecimiento oportuno de carburantes a poblaciones alejadas de Bolivia, sirvió para que se arme uno de los escándalos más siniestros en contra de un idóneo, eficiente y honrado servidor público. Si no tomaba tal decisión seguramente lo hubiesen atacado con igual saña por omisión en sus obligaciones.
La punta de lanza fue Sainz, entonces Superintendente de Hidrocarburos, quién con el apoyo de su Ministro de Hidrocarburos, publicó con verdadero escándalo una Resolución en la que alterando números dolosamente, hecho que después lo reconoció, sin consideración con la decencia y la verdad, sostuvo con la mayor temeridad que con dicho contrato Alvarado pretendía embolsarse varios millones de dólares. El contrato no se había ejecutado, el Estado no había perdido un solo centavo y, sin embargo, Sainz en su Resolución denunciaba un gran negociado y daño económico causados al país por Alvarado. Y, la mayor iniquidad, publicada su Resolución, no quiso dar la cara, sea por cobardía o vergüenza, y se internó en un hospital simulando estar enfermo, aunque por él hablaron sus cómplices.
La acusación de Sainz fomentó una de las campañas de desprestigio más demoledoras y perversas de nuestra triste historia política y la iniciación de un juicio “sin pies ni cabeza”. Parlamentarios venales, que en el pasado inmediato habían merecido la crítica de Alvarado, oscuros periodistas, políticos frustrados y otras alimañas, lo atacaron como mastines rabiosos. Por fortuna, en poco tiempo los complotados se destriparon entre sí, por sus ambiciones frustradas. La justicia lavó el honor de Alvarado y el sórdido Sainz, tal vez buscando algún nuevo acomodo, poco después en conferencia de prensa reconoció públicamente haberse equivocado y dañado por error a Alvarado (La Razón, 6 de febrero de 2007)
Yo vi a Alvarado trabajar ininterrumpidamente 16 horas diarias, en la Presidencia de YPFB, lidiando con patriotismo y alta idoneidad con los representantes de empresas petroleras. Pero este valor humano se perdió por la ambición política. La consigna fue tumbar a Alvarado a cualquier precio y lo cumplieron, para mal del país y de YPFB.
(*)Abogado y docente UMSS
www.tomasmolinacespedes.com
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