Hablando “al por mayor” lo que está ocurriendo en el contexto de la política nacional es que la misma está judicializada, por lo menos en criterio de los candidatos presidenciables y de otros políticos opositores. Hay cerca de medio centenar de procesos que afectan a cinco candidatos de la oposición y otra buena cantidad de juicios contra dirigentes de agrupaciones que están fuera de la línea oficialista.
En criterio de representantes de las organizaciones políticas se ha desatado una campaña de intimidación, que data de tiempo atrás, en contra de los cinco candidatos más visibles que están pugnando por hacer frente a la fórmula ya en carrera electoral que encabezan nuestros principales gobernantes.
Los afectados denuncian que la intención oficial es inhabilitar a los candidatos, especialmente a los que liderizan los movimientos regionales o están buscando la unión de ciertas fuerzas para contrarrestar la arremetida del binomio que va por la reelección.
Un detalle de los procesos judiciales, que publica un matutino de circulación nacional, refleja el movimiento de los procesos, 25 en contra de Rubén Costas el Gobernador de Santa Cruz y líder del partido de los demócratas; Juan del Granado debe responder a 10 procesos, Samuel Doria Medina lo hace en 7 casos, Jorge Quiroga tiene 2 en su contra y Fernando Vargas 1 peliagudo. Aparte otras exautoridades y líderes de oposición están en la cárcel, con juicios muy lentos y sin sentencia ejecutoriada.
Un balance de los casos señala como a principales denunciantes contra los líderes políticos opositores a la Contraloría General, al Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, también se consignan algunas instituciones como la de caminos o el Banco Unión, Banco Central, la Gobernación de Sucre y algunos asambleístas departamentales.
El hecho es que se observa serias irregularidades en el curso de los procesos, algunos inclusive en “fase inicial”, otros que pasan de instancias jurídicas pero sin definiciones concretas por falta de elementos pero que legalmente se mantendrán abiertos y sin resolución para mostrarlos como prueba de que existen juicios en contra de postulantes políticos, lo que supuestamente los inhabilitaría en su carrera electoral.
Según los entendidos se trata de un tema más político que legal porque responden a instrucciones superiores y con fines sencillamente claros en una fase importante del calendario electoral que tendrá hasta mediados de julio abierto el libro de registro de los candidatos, que a tiempo de registrarse podrían confrontar problemas.
Se espera que estos hechos no se conviertan en condiciones adversas que empañen el proceso electoral, pues debe prevalecer el respeto a la democracia y los derechos ciudadanos, justamente en un periodo que abre las puertas a la participación ciudadana para que la misma elija a sus gobernantes a través de la expresión más legal, como es el voto en las urnas.
Lo importante en la continuidad de este proceso es que unos y otros lancen públicamente sus programas, hagan conocer sus propuestas y busquen el apoyo ciudadano como respuesta a lo que sea más viable como oferta para mejorar efectivamente las condiciones de vida en la colectividad.
En el contenido de los procesos en la mayoría de los casos se acusa a los políticos por contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes en la función pública, enriquecimiento ilícito, firma irregular de contratos, falsedad material e ideológica y otros más. El reto bíblico dice “El que esté libre de culpa, lance la primera piedra”.
Fuente: LA PATRIA
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