Sábado 20 de febrero de 2010
ver hoy
Lo que estuvo sucediendo desde el cambio ejecutivo en la Aduana Nacional es lo que muchas veces plantearon sectores particulares no ligados a esa entidad ni mucho menos al partido político de turno, pero sí relacionados con actividad legal en el comercio y la industria del país.
No es ninguna novedad señalar que la corrupción fue una especie de factor determinante en el manejo de la Aduana de manera general en periodos de toda índole, con los mismos objetivos en democracia como en dictaduras. Nutrir las arcas de los políticos del Estado, no precisamente el Erario Nacional, de ahí que su funcionamiento y el aparato encargado de tal misión fue siempre ligado o desprendido de la fuente principal que operaba en el Poder Ejecutivo.
Muchas fueron las instancias en que se observaron las actividades en la Aduana, esa que estuvo a cargo de funcionarios responsables de “cubrir cuotas” que se exigían desde el Poder Central y que debían cumplirse sí o sí.
La Aduana sirve para producir ingresos económicos cuyo destino no tiene una finalidad pública que pueda ser mencionada, al contrario son muy pocos los que saben del uso que se da a las recaudaciones de la Aduana en conjunto que más allá de cubrir las planillas salariales de su propio servicio, ni siquiera sirven para mejorar su infraestructura, su parque automotor, el mantenimiento de un contingente policial debidamente equipado con armamento, equipos de comunicación y otros elementos que deberían adquirirse con los recursos que provienen del pago de “derechos” en unos casos, multas, pólizas, o lo que corresponde a incautaciones y remate de variada mercadería, inclusive de motorizados.
Fuente: LA PATRIA
