Si la denuncia de una ex dirigente cívica, con los documentos pertinentes es evidente, significa que nuestro departamento perdería 4.662 kilómetros cuadrados en su jurisdicción territorial, sin que exista razón lógica para que tal cosa suceda.
Los números que muestran el recorte territorial están comprendidos en los informes oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), pero también en “El índice de gestión financiera Municipal”, en el “Índice de gobierno municipal del Ministerio de Autonomías” y en la referencia contenida en el “Estado de la situación socio demográfica de los municipios de Bolivia”. La observación corresponde a una investigación preliminar de lo que estaría ocurriendo en materia de cercenar el territorio orureño.
En las cifras que se manejan en este caso, el INE tiene su documento de resultados del censo de 1992 señalando claramente que el departamento de Oruro tiene una superficie territorial de 53.588 kilómetros cuadrados, mientras que en la actualidad y de acuerdo al documento del Estado Plurinacional de Bolivia que maneja el censo de población y vivienda del último censo, Oruro tiene 48.925 kilómetros cuadrados, lo que significa una curiosa pérdida de nada menos que 4.662 kilómetros cuadrados.
Nadie ha justificado ese cambio en la territorialidad orureña, no hay explicación lógica a un hecho que se ha producido, según se observa a “espaldas de los orureños”, pero en conocimiento de autoridades y parlamentarios que no se atrevieron a denunciar semejante atropello a la integridad territorial.
No hay una mínima relación de lo que está ocurriendo pero el cercenamiento de territorio orureño favorecería al departamento de Potosí, en la parte que compartía en la zona de Thunupa colindante con el salar de Uyuni y que ancestralmente perteneció a Oruro. Pero no es todo, en los más de 4 mil kilómetros de “recorte” a Oruro también se habrían hechos trazos que favorecen a los departamentos de La Paz y Cochabamba.
De momento las autoridades nacionales toman el hecho con una simpleza que raya en franca irresponsabilidad, pues el caso limítrofe con Potosí es considerado como si fuese tan sólo un problema agrario y “por algunas parcelas de quinua”, lo que no es evidente pues, el problema data de muchos años atrás y muestra que existen intereses mayores en la importancia de recursos naturales en el territorio orureño.
La denuncia es muy seria y corresponde exigir un esclarecimiento sobre el cercenamiento del territorio orureño, las únicas autoridades que pueden hacerlo son las del Ministerio de Autonomías por un lado que manejan las cifras del reciente censo y por supuesto el gobernador departamental que debe asumir responsable defensa de nuestro territorio.
En varios comentarios sobre el problema limítrofe advertimos que el delicado problema no podía ser solucionado “entre partes” como se sugirió en el nivel ministerial, el asunto merecía y aún necesita una solución del más alto nivel, para evitar como se ha denunciado un increíble cercenamiento territorial, algo inédito en materia de jurisdicciones territoriales de una nación.
Está visto que no sólo se trata de “sembradíos” de quinua, hay otros intereses que están aflorando peligrosamente y que podrían enfrentar a hermanos bolivianos, algo que no puede permitir el Gobierno central, ni tampoco la institucionalidad orureña, ni la potosina pues un diálogo claro, responsable y objetivo debe poner punto final a un entredicho que mal dice de la unidad de los bolivianos y de su integración territorial como nación soberana.
Fuente: LA PATRIA
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