Cuando se hace un recuento de la cantidad de proyectos que se declaran desiertos en el país y que en estadísticas representa un 50 por ciento de un total que accede a ciertas obras nacionales, la situación es preocupante si se toma en cuenta que la causa es una norma de contratación rígida y además exagerada en la solicitud de cierto tipo de garantías.
Este asunto es observado por el sector productivo nacional, cuando desde el Gobierno se lanza un reto al empresariado para que invierta y arriesgue más capitales en el país, la respuesta es lógica al señalar que “las condiciones no son las más propicias”, si se mantiene vigente una norma de contratación que prácticamente inviabiliza a los empresarios nacionales presentarse a las licitaciones, especialmente las de monto superior, porque le resulta imposible cumplir las rígidas exigencias de garantías y además responder a una pesada burocracia administrativa en los niveles de la “cosa pública”.
Según un informe de la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco), en los dos últimos años la mitad de proyectos de infraestructura licitados por el Gobierno se declararon desiertos debido a los problemas de la norma de contratación que no ofrece incentivos de ninguna clase y más bien se caracteriza por planteamientos que ahuyentan a los inversionistas nacionales.
Lo evidente es que el sector privado está escarmentado con los trámites que se debe cumplir para participar en la licitación de obras, quedando una fuerte frustración en quienes quisieran invertir y trabajar en el país, pero bajo mínimas condiciones de seguridad y facilidad.
Desde varios sectores del empresariado se ha formulado pedidos y recomendaciones a las autoridades del poder central para que modifiquen el decreto sobre normas básicas de contratación haciéndolas más accesibles y sencillas de cumplir para participar en la ejecución de importantes proyectos que estén ligados al desarrollo nacional.
El problema no es sólo de sectores empresariales, los municipios también sufren perjudiciales contingencias al no poder cumplir la norma de contratación, de ahí que en algunos casos, como en las gobernaciones, su ejecución presupuestaria resulta mínima y no responde al deseo de autoridades para embarcarse en proyectos de alto monto.
Se suma a la escrupulosa exigencia normativa la imposibilidad de que algunos empresarios puedan acceder al sistema bancario en el que igualmente los bienes, equipos y maquinarias en la mayoría de los casos no avalan montos por encima de 200 a 300 millones de dólares, que significa participar en condiciones desiguales con empresas extranjeras que tienen la suficiente capacidad para cubrir las exigencias del sistema financiero en general, que en el caso nacional ni siquiera pueden otorgar boletas de garantía por encima de 150 o 200 millones de dólares.
Es necesario analizar la situación vigente y encontrar la manera más práctica para flexibilizar la norma de contrataciones, de modo que el sector privado nacional pueda real y objetivamente participar en licitaciones y acceder a contratos importantes en materia de obras, infraestructura caminera, construcción de recintos educativos u hospitalarios, en fin en la gama de proyectos que se necesiten ejecutar para mejorar las condiciones de vida de los bolivianos a lo largo y ancho del país.
La economía bonancible del país debería reflejarse también en la creación de incentivos para los sectores productivos, apropiando quien sabe, un “colchón financiero” que respalde a las empresas bolivianas decididas a poner capacidad y esfuerzo para apoyar los planes del crecimiento nacional.
Fuente: LA PATRIA
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