Votar bajo presión de la sanción pecuniaria

Emitir un voto y participar en las próximas elecciones generales “bajo presión” de una sanción económica o multa de cuatrocientos bolivianos, quizá resulta ser un acto antidemocrático que se vivirá en el proceso electoral que arrancó en todo el país y que culminará en octubre con la elección de las nuevas autoridades del Ejecutivo y Legislativo, en nuestra democracia representativa.

Empero quizá la vida democrática boliviana alcanzó su mayor esencia y será importante acudir primero y siempre a la conciencia cívica ciudadana y no a la coerción, ni la sanción para motivar que los electores acudan a los recintos o colegios electorales por propia decisión para cumplir con su deber y no obligados ni por el temor de ser sancionados.

A nivel nacional se informa a través de los medios de comunicación que los ciudadanos están formando largas filas para poder ser empadronados para las próximas elecciones de octubre, empero no hay ninguna sanción para quienes no organizaron bien está primera etapa y para los funcionarios que no facilitan el registro ciudadano, lo que podría dar lugar a un acto de discriminación.

La participación ciudadana en las próximas elecciones entonces resulta ser obligatoria como establece la Ley Electoral boliviana y no voluntaria y participativa, porque quien no acuda a las urnas a depositar su voto en la próxima elección presidencial, tendrá que pagar la multa de 400 bolivianos y además no podrá realizar trámites en oficinas públicas, ni efectuar transacciones en el sistema de la banca nacional.

En la mayoría de los países donde se tiene una democracia plenamente consolidada y se inculcan los valores democráticos y los deberes ciudadanos, no se acude al fácil expediente de la sanción pecuniaria, sino más bien se pondera la actitud y decisión de quienes depositan su voto, para elegir a sus autoridades nacionales y se realizan importantes campañas de motivación que publicitan el derecho ciudadano a elegir a sus autoridades a través del voto.

El Tribunal Supremo Electoral si bien habilitó incluso puestos móviles de empadronamiento, tiene la obligación de ayudar a la población y facilitar este registro, garantizando el buen funcionamiento de los equipos y la adecuada atención, contratando para este servicio el número adecuado de funcionarios para cubrir eficientemente la demanda ciudadana a fin de garantizar una participación masiva y efectiva en las elecciones generales.

Aplicar el control de calidad al proceso electoral que vivimos los bolivianos debería ser la primera tarea de los responsables de llevar a cabo este proceso que tiene que servir para dotarnos de autoridades por el sistema de representación directa, lo que a su vez, nos garantiza vivir en democracia y lejos del fraude electoral que muchas veces se ha denunciado.

Para evitar ese fraude, el ciudadano tiene que ser el principal artífice de la democracia pactada, debe constituirse en observador y ser además celoso vigilante del proceso, vale decir desde la apertura del registro electoral y hasta la nominación de las nuevas autoridades, siguiendo el recuento de votos con mucho celo, haciendo las veces de control electoral, para evitar que ningún voto sea escamoteado, manipulado, ignorado o cambiado.

Ojalá así podamos llegar en las próximas elecciones generales a la emisión de un voto consciente y además que no signifique estar condicionado por la multa y las sanciones anunciadas por los responsables del manejo del sistema nacional electoral, que deberían buscar métodos creativos y renovados para motivar la conciencia electoral en la población antes que obligar aplicando un método coercitivo. Vivir en democracia es vivir libre de presiones y condicionamientos por obligación.

(*) Periodista

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