Urge política nacional para desarrollar minería boliviana

La aprobación de una nueva ley minera no basta para convertir a Bolivia de país exportador de materia prima en proveedor de productos con valor agregado, porque primero urge tener una política nacional para desarrollar la minería boliviana en función de las peculiaridades, necesidades y sistemas productivos, que debe darse con efectiva planificación para llegar a la fase de la diversificación en las fundiciones y la industria.

El reciente anuncio del ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro, parece convincente al responsabilizar a los gobiernos departamentales y municipales del futuro desarrollo de la industrialización de los minerales, para alcanzar la diversificación en la última etapa del sistema productivo minero, empero no es suficiente, porque se debe pasar del discurso al trabajo efectivo con una política minera nacional, más todavía si las empresas estatales tienen un mando directo desde la gubernamental Corporación Minera de Bolivia.

Asimismo la aplicación de la nueva norma para la minería estatal, privada, cooperativizada y de operaciones mixta no constituye una garantía ni otorga seguridad para los procesos de prospección, exploración y explotación, con el amplio deseo de llegar a la industrialización, porque los avasallamientos o toma de minas continúan y los pocos inversores que mantienen operaciones productivas en el país, esperan que el Gobierno Central garantice las tareas de explotación y facilite la exploración para tener minería a futuro, frente a la actitud de las comunidades campesinas que tienen el “poder” para manejar su “derecho” de tierra y territorio.

Mientras no exista una política minera nacional, la nueva ley minera no será el instrumento más idóneo para garantizar la seguridad jurídica de las operaciones mineras, porque no existen empresas a quienes aplicar la nueva norma para la ejecución de inversiones en los procesos de exploración, explotación y toda la cadena productiva. Las nuevas inversiones podrían llegar cuando las condiciones estén dadas y no sea el propio gobierno el que tenga que buscar alternativas para poder utilizar materiales agregados para ejecutar proyectos viales de interés nacional y departamental, frente a la actitud propietaria de las comunidades campesinas.

La vigencia de la nueva Ley de Minería constituye el punto de partida para lograr una reactivación minera y garantizar la continuidad de los procesos metalúrgicos que tendrían que llegar a la diversificación productiva, como alternativa de desarrollo minero-metalúrgico que busca generar nuevas fuentes de trabajo, darle un valor agregado y conseguir que la materia prima sufra un proceso de transformación antes de ser exportada. Eso permitirá generar un valor agregado, más todavía si la nueva norma -se dice- no permitirá avasallamientos ni al sector estatal ni privado, acción de protección que tiene que ejercer el Poder Ejecutivo en aplicación de la penalización establecida en el Código Penal, que determina sanciones con privación de libertad para quienes ocupen o tomen de forma ilegal los yacimientos mineros, acciones delictivas que a la fecha continúan.

La diversificación productiva sólo llegará con una adecuada, útil, efectiva y planificada política minera nacional, donde además se establezca el rol de los gobiernos departamentales y municipales, debiendo estos últimos preocuparse del asentamiento de nuevas industrias, atraer la inversión privada y la instalación de fábricas donde la materia prima que son los concentrados de minerales, luego de ser procesados en las fundiciones, se conviertan en productos terminados de exportación y además generen empleos para una naciente cadena productiva que tiene que establecerse en el país en los parques industriales.

La responsabilidad del ministro Navarro es grande, porque como oriundo de una zona minera, concretamente Potosí, conoce las necesidades, los problemas y ante todo la urgencia que se tiene para contar con un instrumento adecuado que facilite la diversificación de la producción minera, lejos de anuncios y ofertan que quedarían en el saco electoral, sino no arranca el nuevo horno Ausmelt de la fundidora nacional y no se apresura la instalación de la nueva fundición de zinc, como se ha previsto en la presente gestión.

El nuevo horno que se instala en la Metalúrgica Vinto con seguridad generará problemas sociales, por la drástica reducción de personal que deberá aplicarse, puesto que se podrá operar con sólo 24 operarios en tres turnos, lo que obliga a las autoridades de Gobierno a buscar fuentes alternativas de producción para reubicar a los metalurgistas que no se queden en Vinto, para evitar que nuevamente venga el fantasma de la “relocalización” que resultó ser un eufemismo cruel utilizado en 1985 en el gobierno de Paz Estenssoro para el despido masivo de mineros y metalurgistas con el fin de poner en marcha y aplicar la Nueva Política Económica de esa administración estatal.

La diversificación productiva minera es el gran desafío que tiene que asumir el Poder Ejecutivo y es responsabilidad del titular de Minería y Metalurgia trabajar con decisión y la mayor responsabilidad para dotar al país de la política minera nacional, que garantice el desarrollo productivo de la minería y metalurgia en Bolivia, a partir de nuevos procesos de transformación productiva que permitirán además seguir generando regalías para sostener la economía nacional y financiar importantes proyectos como el establecimiento del primer corredor bioceánico y mega proyecto ferroviario que impulsa la administración del Presidente Evo Morales. Ojalá el diseño de la política minera boliviana se concrete a corto plazo para incentivar nuevas inversiones para no quedarnos sólo con la nueva Ley Minera que podría ser promulgada esta semana.

(*) Periodista

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