Compromiso con la verdad

A raíz de una nota publicada en un matutino de circulación nacional y que en criterio del Procurador del Estado estaría tipificada como delito de “espionaje y revelación de secretos de Estado”, se dispuso un juicio ordinario contra el autor de la nota y contra la directora del medio por complicidad en el supuesto hecho.

El pedido de un juez que admitió inicialmente la demanda, planteó la “revelación de la fuente” al responsable de la nota, vulnerando de ese modo lo que establece con claridad la Ley de Imprenta en defensa del derecho de guardar el secreto de fuente, como parte inviolable que tienen los periodistas para cuidar el origen de sus notas, sin complicar a terceros cuando se trata de denuncias que la opinión pública tiene que enterarse a través de la prensa.

La nueva ejecutiva de la Asociación de Periodistas de La Paz, reveló en una entrevista periodística que “por primera vez, los periodistas sienten miedo al realizar su trabajo, lo que no ocurría ni siquiera en los aciagos tiempos de las dictaduras”. Es que ahora la situación se complica seriamente y ya no hay garantías que permitan el acceso a ciertas fuentes de información del nivel oficial, de modo que los periodistas deben correr el riesgo de complicar su seguridad para lograr información a la que tiene derecho la ciudadanía y cuando eso sucede está la respuesta oficial con la presión de juicios que se orquestan en el escenario de la justicia politizada y no bajo las condiciones vigentes para juzgar este tipo de supuestos delitos consignados en la Ley de Imprenta.

Hay una serie de hechos que también preocupan a la Asociación Nacional de la Prensa y es que como lo señala su último comunicado, “la suma de dichas acciones genera un escenario crítico para los medios de comunicación en general y para los periodistas que enfrentan dificultades para cumplir con su deber social de esclarecer y hacer transparente la función pública a cargo de personas elegidas temporalmente, o designadas en puestos de decisión coyunturales”.

Ahora bien, lo que con todo derecho se exige, es que la parte afectada supuestamente con un “tipo de espionaje”, explique públicamente donde está el delito en la nota publicada en un suplemento político que habría incurrido en el error de revelar algún “secreto político o militar”, que evidentemente tendría que ser configurado como delito, pero asimismo juzgado bajo la Ley de Imprenta y los riesgos que conlleve establecer la existencia del delito.

Por lo que observan los analistas, inclusive un destacado ciudadano que ahora se incluyó al equipo de tratamiento del tema marítimo y su seguimiento en La Haya, conviene en señalar en coincidencia con los estudiosos que no “se encuentra figura de espionaje” en el trabajo que alborotó a ciertas autoridades del Poder Central.

Finalmente es bueno señalar que los organismos periodísticos, empresariales, profesionales y gremiales sostienen una defensa intransigente del derecho a informar correctamente a la opinión pública, que en realidad es la que espera un trabajo sin cortapisas que amedrenten o presionen a los periodistas que tienen compromiso con la verdad y nada más que eso.

Fuente: LA PATRIA