Una serie de críticas surgieron en los pasados días, por la aparente falta de autoridad e interés en la Gobernación para solucionar el problema limítrofe con Potosí que se agravó por nuevas incursiones de los pobladores de Coroma (Potosí) a tierras de agricultores orureños.
Se comentó que la autoridad superior en nuestro distrito no habría cumplido con la responsabilidad de comunicar la gravedad de los hechos oportunamente a las autoridades de Gobierno, especialmente a los ministerios de Autonomías y de Desarrollo Rural y Tierras, que tienen directa incumbencia en el tratamiento de todos los conflictos de límites en el país.
La versión oficial del Gobernador de Oruro refiere que “se hicieron todas las gestiones ante los ministerios referidos, pero sin resultados positivos, hecho que molesta a los comunarios orureños, especialmente a los de Salinas de Garcí Mendoza, Pampa Aullagas y Santuario de Quillacas que colindan con la localidad de Coroma en la jurisdicción de Potosí” y que por los informes son los más afectados por el avasallamiento y el despojo de las cosechas de quinua.
En Potosí surgen otras versiones y se culpa a los campesinos orureños de ser responsables de avasallamiento, empero los hechos contundentes y que han sido comprobados en varias oportunidades desmienten las apreciaciones de los “coromeños” y muestran la realidad existente de continúas incursiones en los terrenos de agricultores orureños, que resultan afectados con la pérdida de sus productos, situación que se repite constantemente y que inclusive como efecto de esos hechos se reclama a los potosinos la devolución de una gran cantidad de quinua que no ha sido restituida desde el año pasado, pese a una instrucción legal de autoridades ministeriales.
Se ha buscado soluciones amigables también de orden técnico y legal, se incluye algunas recomendaciones del Instituto Geográfico Militar (IGM) sobre delimitación de terrenos, se efectuaron muchas reuniones entre representantes de las ex-prefecturas y cuyos titulares en diferentes gestiones suscribieron actas de entendimiento, compromisos de pacificación, acuerdos de buena vecindad y promesas de someterse a las leyes nacionales, empero todos esos buenos propósitos, no pasaron de cumplimientos eventuales, pues las pugnas limítrofes continúan hasta el presente y las pruebas inobjetables muestran que la mayor cantidad de infracciones corresponden a pobladores norte potosinos.
En el tiempo presente y ante la gravedad de los hechos y el peligro de que se produzcan enfrentamientos de inusitada violencia, es necesario convocar a las autoridades de los Ministerio de Autonomías, de Desarrollo Rural y Tierras, para junto a los gobernadores de Oruro y Potosí busquen soluciones prácticas al problema, tomando en cuenta lo que dispone la Ley 339 de Unidades Territoriales para eliminar las condiciones adversas y arbitrarias que generan la disputa de límites.
Las autoridades de Gobierno no pueden mantener una posición equidistante en el delicado problema limítrofe entre Oruro y Potosí, su participación directa debe encaminar un diálogo entre partes y agotadas las instancias por parte del poder central, atender la demanda orureña enmarcada en lo que dispone la Ley 339 y que debe atender el Ministerio de Autonomías que se constituye en juez verificador de documentación y toda la información referente al tema, esperándose un fallo ecuánime, que resuelva el prolongado problema limítrofe.
Si esa instancia legal no cumple su objetivo sólo quedará la instancia de acudir al Tribunal Supremo de Justicia, cuyo fallo será inapelable. Mientras tanto deben tomarse previsiones para evitar el permanente avasallamiento de la gente de Coroma sobre territorio de comunaríos orureños.
Fuente: LA PATRIA
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