Autoridades analizarán pluralismo jurídico ante hechos de justicia “por mano propia”
16 may 2014
Fuente: LA PATRIA
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Diferentes autoridades se reúnen hoy en oficinas del Suyu Jach’a Carangas ubicadas en la calle Tomás Frías y La Salle, para analizar el pluralismo jurídico ante los últimos hechos de violencia a nombre de justicia comunitaria, cuando más bien se trata de una justicia por mano propia.
La representante de la Defensoría del Pueblo, Clotilde Calancha informó que se invitó a representantes de la Fiscalía de Distrito, de la Corte Departamental de Justicia, del Comando Departamental de la Policía, y otras instituciones que tienen que ver con la administración de justicia, en el marco del nuevo diseño constitucional que se refiere al pluralismo jurídico. “La Defensoría del Pueblo, ve con mucha preocupación que de manera recurrente al interior de las comunidades y ayllus del departamento se están vulnerando los derechos fundamentales y las garantías constitucionales”, manifestó Calancha.
En Oruro hace algunas semanas se atrapó a una mujer por el robo de llamas en Cosapa, y se la sometió a algunas torturas, por lo que tuvieron que intervenir las autoridades. Y el último caso registrado fue en el departamento de La Paz, en Caranavi, cuando una turba quemó a un presunto asesino.
Se explicó que ninguna justicia puede quitar la vida a las personas, por mandato constitucional y de las normas internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana de los Derechos Humanos.
“No es un derecho facultativo que tengan los estados el poder privar del derecho fundamental que tienen todos los seres humanos, y bajo esa lógica también dentro de la justicia indígena-originario-campesina, y la Ley 073 de Deslinde Jurisdiccional, específicamente en su artículo 5, se refiere a las garantías constitucionales, y que la justicia indígena-originario-campesina, no se admite la pena de muerte, pero hay hechos muy violentos, como linchamientos”, indicó la autoridad.
Expresó que las personas en las comunidades bajo el pretexto de aplicar justicia indígena-originario-campesina hacen justicia por su propia mano, sin someter a los involucrados a un proceso que la constitución también garantiza, bajo el denominativo de debido proceso, para la legítima defensa y la presunción de inocencia.
“Vemos que han ocurrido hechos recientes y es menester hacer una reflexión dado que a la fecha, desde la promulgación de la Ley 073 de 2010 no existe un reglamento, pero se ha indicado desde las autoridades de justicia que esta ley no tendrá reglamentación, porque a nivel nacional existen un sinfín de comunidades, ayllus y marcas, y cada una con sus usos y costumbres, diferentes”, dijo la representante defensorial.
Sostuvo que lo importante para la Defensoría del Pueblo, tanto para la justicia ordinaria, la indígena-originario-campesina, o la jurisdicción agroambiental y las demás jurisdicciones, es que se respete la constitucionalidad, bajo el principio de convencionalidad.
Fuente: LA PATRIA
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