La ley minera en la visión autonómica

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Si bien se avanzó en el Senado en la consideración del texto de la ley minera, hay todavía algunas observaciones en torno a la aplicabilidad de la norma en materia de los beneficios que deben lograrse especialmente en distritos que tienen su economía basada en la explotación de los recursos mineralógicos.

Es el caso de Potosí y Oruro, el primero según la estadística recibe el 70% de las regalías mineras nacionales, Oruro ocupa el segundo lugar aunque su beneficio es del 14% del total de regalías, el resto de los distritos perciben entre el 10 y el 1% de rubro de regalías.

Este hecho muestra que en las liquidaciones sobre beneficios directos, no siempre se toman en cuenta las opciones regionalistas para incentivar por ejemplo el caso de exploración minera y el desarrollo de proyectos que puedan ser considerados rentables en la proyección del interés autonómico y no siempre bajo la tutela del centralismo.

La observación tiene que ver con la instrucción vigente sobre la creación de empresas (mineras) que sólo puede tratarse en el Gobierno central, lo que estaría contradiciendo estipulados de la CPE, que permite la libre iniciativa de los gobiernos departamentales, en función a sus derechos establecidos en su carta autonómica, hecho que además refrendaría ese proceso descentralizador en el que están inmersos todos los gobiernos departamentales, unos con más avances prácticos que otros.

Se alude también a la distribución porcentual de los ingresos mineros, de los cuales 80% debe beneficiar al Tesoro Departamental y el resto se distribuye entre los municipios, sacando otro porcentaje, que resulta mínimo para las tareas de prospección y exploración minera, escala reclamada justamente para que pidiera elevarse, en función a las perspectivas de cada distrito, tomando en cuenta la importancia de nuevos emprendimientos mineros que sean apoyados en su momento con recursos del Estado o con financiamientos provenientes de inversiones nacionales o extranjeras, pero bajo reglas de juego que permitan beneficios para el TGN, más para las regiones, en la alternativa de utilizar autonómicamente los recursos provenientes de las riquezas regionales.

Para el asambleísta orureño que se refiere al tema, “el proyecto de ley minera carece de visión autonómica”, un hecho que por supuesto más que a las autoridades del Gobierno debería interesar directamente a los asambleístas que tienen la responsabilidad de avanzar y concluir la elaboración, socialización y aprobación de los estatutos autonómicos, como documento clave para mejorar las condiciones el desarrollo sostenible de la región.

En minería es importante que se encare un amplio programa de ubicación de nuevos yacimientos mineros, para su racional explotación.

Fuente: LA PATRIA