En realidad se trata de una disposición del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que ha fijado un calendario de actividades con miras a la próxima elección nacional que se producirá el 12 de octubre, fijando sólo 30 días para que los partidos, frentes o alianzas y naturalmente sus candidatos puedan promover públicamente sus programas políticos. Hasta la anterior elección ese periodo era de 60 días.
Por un lado la Ley de Régimen Electoral establece que la difusión a través de los medios de comunicación será de 30 días, según el art. 116 de la norma que está en vigencia desde junio del 2010. Los 60 días estaban dispuestos por la Ley 1984 que fue derogada.
En todo caso hay posiciones encontradas sobre el tema de la propaganda electoral. La reducción del periodo será perjudicial a los candidatos de la oposición que deberán extremar recursos y creatividad para aprovechar un mes de intensa campaña y “convencimiento” ciudadano, en tanto que en el lado de la candidatura oficial se dice que la diferencia en el uso de medios conlleva una ventaja muy amplia.
Por otra parte analistas políticos convienen en señalar que el tiempo de un mes de campaña significará un ahorro importantísimo en los presupuestos de campaña de los partidos y en los bolsillos de los políticos; por otra parte hay quienes señalan que la ciudadanía se beneficiará al tener sólo por un mes el bombardeo de los mensajes políticos que en anteriores elecciones fue criticado por saturar los programas de radio, TV y las páginas de periódicos.
Para el ciudadano de a pie, todo dependerá de la capacidad de los promotores en la preparación de textos e imágenes que puedan llegar fácilmente a la conciencia de la población, especialmente de un enorme contingente de los indecisos que por encuestas realizadas forman parte de un porcentaje que en el momento de las decisiones pueda hacer variar las perspectivas de los candidatos, dependiendo del efecto de un mes de campaña con los elementos más propicios para cautivar al electorado.
Las autoridades del TSE cumplirán en los días siguientes una serie de tareas que están fijadas en el calendario electoral y que son parte de un cronograma cuyo cumplimiento no da margen a errores y menos a cambios que pudiesen alterar las decisiones que a su vez adoptan ya los políticos para concretar su participación en el certamen eleccionario.
Aunque se reduzca el gasto de dinero cuya procedencia será desconocida, los cambios que se presentan en la nueva coyuntura electoral dan vía libre al uso de recursos financieros, que pueden ser generados internamente, como a la posibilidad de tomar aportes extraordinarios que sean obtenidos incluso fuera del país, pero que tengan afinidad con alguna de las corrientes en competencia.
Frente a las dudas sobre el uso de recursos económicos, especialmente en la oposición, se critica el modelo de campaña permanente que utiliza el partido gobernante, situación que marca una enorme desventaja en los partidos que se inscribirán con tendencia opositora. Como consuelo la máxima autoridad del TSE, en una entrevista periodística afirmó que “el Tribunal también actuará de oficio si el oficialismo utiliza recursos públicos en la campaña electoral”.
De momento los jefes políticos están empeñados en formar los cuadros de operación táctica para concretar su participación en las venideras elecciones; frentes y alianzas trabajarán en función de presupuestos para aprovechar al máximo el periodo de los 30 días autorizados de propaganda abierta.
Fuente: LA PATRIA
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