Cadenas de radio y Tv doblegan libertad de expresión de medios

Las cadenas obligatorias de radio y televisión, así como la obligación de publicar avisos gubernamentales sin retribución económica, doblegan la libertad de expresión de los medios de comunicación de varios países latinoamericanos, según el informe de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información.

El documento elaborado con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa -3 de mayo de todos los años- recoge información recabada a través de 23 organizaciones de la sociedad civil del hemisferio que deja testimonio del uso excesivo del recurso de las cadenas de radio y Tv, y abren el debate sobre esta nueva forma de presión a los medios de comunicación.

Su presentación fue punto central de los diferentes actos que se realizan en los distintos países como adhesión al Día Mundial de la Libertad de Prensa instituido en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas a iniciativa de los países miembros de la Unesco.

En ese contexto y habida cuenta la importancia de preservar esos derechos que son fundamento básico de la democracia, la Alianza Regional ha elegido para este año como tema de preocupación la tendencia creciente a encadenar, mediante normas legales muchas veces de propósitos nobles, a la libertad de expresión.

El informe muestra las características del uso y abuso de las cadenas de radio y televisión para difundir propaganda político-partidaria, so pretexto de satisfacer las necesidades de información de la opinión pública de los distintos países.

Con mayor o menor rigor y con contadas excepciones, en casi todos los países se reglamenta o se impone la obligación a transmitir en cadena mensajes oficiales o de difundir en los medios impresos propaganda.

En el común denominador y en un sobrevuelo a toda la región, el informe revela que en la gran mayoría de los casos se desvirtúa el posible fin noble que inspira a los Estados a recurrir a ese mecanismo de comunicación.

En Argentina, por ejemplo, la legislación limita a situaciones excepcionales o de trascendencia institucional y de interés nacional el recurrir a las cadenas de radio y televisión. Pero en muchos casos y de manera cada vez más frecuente se las ha utilizado para anuncios públicos de escasa relevancia ajenos, por lo general, a los supuestos que las autorizan.

En Brasil, este año hubo ya 22 cadenas nacionales de las que 21 se destinaron a propaganda partidaria y sólo una para un mensaje por el Día Internacional de la Mujer. Según la prensa brasileña, la presidenta apareció 17 veces en tres años en cadenas nacionales, una media de cinco por año que supera la de dos por año de su predecesor Lula.

En Nicaragua, cuando se realiza una cadena nacional los canales internacionales que ofrecen las compañías de televisión por suscripción quedan fuera del aire. La norma obliga al televidente a ver la cadena nacional o apagar el televisor.

El Consejo Superior de la Empresa Privada y la oposición calificaron “un abuso” que se haya obligado a sacar del aire la señal de televisión por cable para obligar a todas las estaciones de radio y televisión a integrarse a una cadena nacional que transmitió el acto partidario del 32 aniversario de la revolución.

El gobierno de Uruguay ha negado, en alguna oportunidad, el uso de la cadena nacional a sectores sociales que buscan impugnar sus políticas. El último caso fue el de una coalición de organizaciones pro-vida que recolectaba firmas para llevar a plebiscito la ley que despenalizó el aborto.

El uso gubernamental de las cadenas de radio y televisión tiene características de abuso, en Venezuela.

La ley resorte establece e impone sanciones a los medios que no acaten la obligación cuyo cumplimiento controla un Directorio de Responsabilidad Social con amplios poderes y facultad de sesionar con la sola presencia de los representantes del Estado.

Distintos sectores de la ciudadanía (particulares, partidos políticos, medios de comunicación, etc.) han intentado numerosas acciones judiciales contra la imposición de cadenas de radio y televisión. Todas fueron desestimadas por los tribunales.

El informe abarca a todos los países representados por las siguientes organizaciones de la sociedad civil de la región: Acción Ciudadana (AC) (Guatemala), Artículo 19 (Brasil), Asociación de Periodistas de El Salvador, Asociación Nacional de la Prensa (Bolivia), Asociación por los Derechos Civiles (Argentina), Centro de Archivos y Acceso a la Información (Uruguay), Comité por la Libre Expresión (Honduras), Consejo Nacional de Periodismo (Panamá), Espacio Público (Venezuela), Fundación Democracia sin Fronteras (Honduras), Fundación para la Libertad de Prensa (Colombia), Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, Fundación Violeta Barrios de Chamorro (Nicaragua), Fundamedios (Ecuador), Fundar. Centro de Análisis e Investigación (México), Instituto de Derecho y Economía Ambiental (Paraguay), Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Costa Rica), Instituto Prensa y Sociedad (Perú), Participación Ciudadana (República Dominicana), Pro Acceso (Chile), Transparencia por Colombia, Transparencia Venezuela y Trust for the Américas (Estados Unidos de Norteamérica).

Fuente: Montevideo, EFE.-