No deberíamos pensar de esa manera. No podríamos suponer ninguna forma de obstaculizar y atemorizar el trabajo periodístico, con procesos judiciales y prohibiciones.
Las acusaciones de “espionaje” de que son objeto dos periodistas de La Razón, suenan a carta mayor. El espionaje es el peor delito del que podría ser sindicado y cargar sobre sus espaldas cualquier ciudadano, con graves riesgos de enfrentar las sanciones más drásticas y las penas corporales más duras, como la prisión de 30 años, sumándose la condena y repudio social. De hecho, la acusación del Procurador General, ya ha desprestigiado el honor y la reputación de esos dos periodistas, al acusarles de haber actuado dentro las prácticas secretistas y valerse de mil y un subterfugios, propios del espionaje, para hilvanar un reportaje sobre una cuestión que el mismo gobierno ha puesto en la agenda pública con gran despliegue propagandístico, y que por otro lado, es de unánime interés absolutamente de todos los bolivianos la cuestión del retorno al mar.
No tiene sentido acusar a periodistas de espionaje. El espiar no es práctica periodística. Lo que sí hace el periodismo es investigar, indagar en todas las fuentes posibles acerca de un tema y guardarse para sí, revelar su fuente de información.
Los periodistas están obligados por ley a desempeñar sus actividades con responsabilidad y veracidad, eso exige el Art. 106 y 107 de la nueva Constitución. En este caso, el reportaje publicado guarda todas las apariencias de ser un trabajo responsable, y diligente. Es un reportaje veraz, verídico, que ha sido publicado consultando e indagando varias fuentes, así denota por lo menos quien lo ha escrito, y por el contrario debe merecer la protección legal.
¿Habrá, de otro lado, real malicia, para descalificar el trabajo, para someterlo a examen jurídico? Definitivamente no. La intención que se advierte es otra; contribuir a ese espíritu cívico que el propio gobierno ha comenzado a insuflar en el sentimiento boliviano del espíritu marítimo. No hay maldad, hay buenas intenciones, y en este caso, de la demanda marítima, ningún boliviano podría actuar con maldad, con intenciones de perjudicar, y menos lo haría un medio de comunicación social, comprometido con su país.
No parece haber delito por ningún lado, por el contrario, los funcionarios judiciales, poco conocedores de normas legales, de la Ley de Imprenta, presionan a los periodistas a incurrir en delitos, ahí, sí hay “real malicia”, sabiendo que el Art. 9 de dicha ley, califica de delincuente a quien revele ante una autoridad pública o ante un particular el secreto de anónimo, lo que atenta contra la fe pública. Los jueces, en actitudes por demás reprochables, presionan a los periodistas a incurrir en delitos al exigirles revelen su fuente de información. Eso sí merece una acción penal de oficio, que la Fiscalía o el mismo Procurador debían iniciar acciones. La ley puede volcárseles en contra suya.
La protección legal, el amparo a toda tarea periodística, en todo caso se refiere a las acciones de buena fe. La buena fe suele definirse como ausencia de intención culpable. Hay una sana intención y buena voluntad en el reportaje para contribuir al debate público sobre el anhelo al mar. El reportaje no persigue la intención de daño, sino un fin lícito en sí mismo.
(*) Periodista
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