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Aplicación de la ley en problema limítrofe - Periódico La Patria (Oruro - Bolivia)
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Lunes 05 de mayo de 2014

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Lunes 05 de mayo de 2014
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Editorial y opiniones

Editorial

Aplicación de la ley en problema limítrofe

05 may 2014

Fuente: LA PATRIA

Ante la falta de una solución práctica y justa al problema limítrofe que confronta a comunaríos potosinos y orureños desde hace muchos años y que de manera cíclica anualmente produce enfrentamientos por el uso indebido de los terrenos de siembra y cosecha, especialmente por parte de los vecinos del norte potosino, las autoridades originarias de Oruro, han determinado exigir a las autoridades de gobierno, la aplicación de la Ley 339 de Unidades Territoriales para solucionar el conflicto.

Días atrás se cumplió la denominada “VI Cumbre en Defensa del Territorio Orureño”, que se produjo en la localidad de Rodeo y contó con la presencia de las máximas autoridades originarias de los municipios orureños de Salinas de Garci Mendoza, Quillacas y Pampa Aullagas. Estuvieron también delegados de la Brigada Parlamentaria, de la Asamblea Legislativa, del Comité Cívico y autoridades de la Unidad de Límites de la Gobernación.

Se entiende por el informe conocido que se trata de una “instancia superior” a nivel departamental que deliberó en busca de soluciones al problema limítrofe, pero especialmente a la constante incursión de pobladores del norte potosino que avasallan terrenos y se apropian de la cosecha de quinua de los productores orureños, aspecto que ocasiona mucha pérdida económica entre los pobladores de tres municipios orureños.

Se cumplieron varias gestiones ante la Gobernación local sin haberse logrado resultados positivos, ante la ausencia de autoridades ministeriales, tanto de la cartera de Autonomías, como de Desarrollo Rural y Tierras, encargadas en todo caso de encontrar soluciones prácticas al problema de límites que se agrava diariamente con el avasallamiento de tierras y la amenaza a comunarios y sus familias en las poblaciones del extremo sur de Oruro.

Aunque no se menciona al Instituto Geográfico Militar (IGM) en la solución del problema, hay autoridades locales que plantean un informe de ese organismo que en años pasados y ante a los enfrentamientos que se registraban, efectuó un trabajo para delimitar el sector, estableciendo – por lo que se sabe – los límites jurisdiccionales entre ambos departamentos. Ese informe debería ser utilizado por los ministerios de área para subsanar las alteraciones que se han denunciado con un avance beligerante de comunarios potosinos, que de manera arbitraria han avanzando sobre territorio local.

Extraña sobremanera que existiendo el peligro de enfrentamiento entre vecinos de localidades de Oruro y Potosí, con el riesgo de hechos violentos y saldo de víctimas, las autoridades superiores dejen “pasar el asunto” con una posición errónea al señalar que “se trata de un conflicto de partes” y dando a entender que el problema debería “arreglarse de a buenas”, hecho que se descarta dada la situación intolerante de un sector que ha desconocido los acuerdos de paz y los compromisos de no seguir con avasallamientos, como sucede con la presencia de vecinos potosinos en las poblaciones orureñas.

La Gobernación debe asumir responsabilidad directa en el asunto y plantear la visita de ministras para solucionar el asunto en el terreno, en base a lo que establece la Ley de Unidades Territoriales, pero además comprometiendo también la participación del IGM y del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) organismos responsables de manera directa en el establecimiento técnico de los límites poblacionales. Hay que tomar previsiones para evitar contingencias de violencia y víctimas entre hermanos de Oruro y Potosí.

Fuente: LA PATRIA
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