A iniciativa de algunas instituciones preocupadas por el inescrupuloso avasallamiento de tierras fiscales se logró consensuar criterios para encarar una defensa abierta, seria y permanente de las áreas ubicadas en diferentes zonas de la ciudad que son de dominio fiscal y que sin embargo son aprovechadas indiscriminadamente por irregulares negociantes de terrenos que engañan a gente pobre, vendiéndoles terrenos de propiedad oficial.
El latente peligro es que los espacios que deben ser utilizados para emplazar varios macro proyectos regionales, son reducidos por la acción de avasalladores, directos en unos casos y loteadores de “cuello blanco” en otros, que hasta comprometen la entrega de “documentos saneados” cobrando sumas de dinero que afectan la economía de incautos ciudadanos, pero además cometen el delito de negociar con propiedades fiscales.
Representantes institucionales mencionaron la necesidad de efectuar una pronta delimitación de los terrenos que deben ser utilizados para emplazar por ejemplo el parque industrial, una terminal bimodal terrestre – ferroviaria, el parque tecnológico, está pendiente también una terminal de carga y se habló tiempo atrás de la construcción de una nueva terminal rodoviaria dado el crecimiento de los servicios de transporte interdepartamental e interprovincial.
Lo lamentable es que esos “negociantes de terrenos” tampoco respetan las áreas verdes que si bien están definidas en algunas zonas de la ciudad, no en todas, también sirven para su lucrativo negocio de lotear todo espacio en el que no se definen las obras que debería ser parte del crecimiento urbano.
Una información parcial revela que hay más de siete mil hectáreas de terrenos fiscales que deben recuperarse en el municipio local y esa es una tarea en la que comprometen su defensa intransigente los representantes de la Brigada Parlamentaria, de la COD, la Federación de Empresarios Privados, la Universidad Técnica de Oruro, la Federación de Juntas Vecinales, Gremiales y Choferes que coordinarán en las próximas horas con todas las autoridades locales un plan estratégico que elimine el peligro de avasallamientos y el negocio de los loteadores.
Algo importante en el municipio como en la gobernación es que se disponga en cada caso de una división especializada en materia de urbanismo y vivienda, de modo que en esas dependencias trabajen equipos profesionales que definan y establezcan de manera tangible los límites de las propiedades fiscales, de modo que pueda ordenarse inclusive el crecimiento de la “mancha urbana” tomando previsiones sobre la dotación de servicios básicos para las futuras urbanizaciones, disponiendo la mejor ubicación para implementar los proyectos pendientes, bajo la seguridad legal y técnica sobre la propiedad de los espacios debidamente delimitados para uso oficial y los de orden social.
Esta muestra de preocupación comunitaria es un paso importante en la defensa de los intereses locales, lo que permite avizorar nuevas reuniones en las que se considere la proyección del desarrollo departamental, partiendo del consenso interinstitucional para tratar de una buena vez nuestra Ley Autonómica y estructurar un plan realista de desarrollo sostenible desligados del control centralista y abocados al buen uso de nuestros recursos naturales y la diversificación de nuestra economía.
La defensa de tierras fiscales es de interés común, por lo mismo debe merecer atención prioritaria de autoridades e instituciones.
Fuente: LA PATRIA
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