Una nota de prensa publicada recientemente en la capital peruana, hace mención a una determinación del gobierno de ese país para modificar las leyes y endurecer las sanciones que se aplican en casos de accidentes de tránsito y muertes generadas por el transporte público, debido a que en el último tiempo se incrementó el índice de estos hechos.
La referencia añade que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (del Perú) busca con la aplicación de nuevas medidas que “las muertes en accidentes de tránsito no queden impunes”. La ciudadanía reclama una acción directa y efectiva de las autoridades y estas a su vez demandan el respaldo de disposiciones legales apropiadas.
Lo que pasa allá es también parte de un lamentable e irresponsable proceso que ocurre en las calles y las carreteras de nuestro país, como registran los hechos de los recientes días, con variados accidentes y los saldos trágicos de víctimas fatales, muchos heridos y destrucción de varios motorizados. Un resultado negativo con afectación directa a intereses familiares y en buena cantidad de casos sin recuperación económica por parte del seguro de automotores.
Es bueno aclarar que las empresas de seguro no quieran o no puedan cubrir los gastos emergentes de accidentes, lo que sucede es que los conductores de vehículos accidentados infringen reglamentos y por lo mismo las reglas del seguro son concretas, no se reconocen daños cuando se comprueba que el conductor estuviera bajo los efectos de bebidas alcohólicas o que ocasionare un accidente por imprudencia, especialmente exceso de velocidad. Resulta que la mayoría de hechos corresponden a esas causas, por lo mismo, las consecuencias son perjuicios irreversibles.
Hay inseguridad en el transporte público, muchas denuncias y muchos casos de accidentes corresponden por ejemplo al trabajo de cierto tipo de vagonetas conocidas como “surubíes”, cuyos conductores imprimen velocidad en exceso y en carretera no cuidan mínimos detalles de seguridad y previsión, de ahí que en el porcentaje de accidentes estos, coches tienen el mayor índice de casos.
La ciudadanía se pregunta también sobre la efectividad de las “inspecciones de vehículos”, pues resulta que los motorizados del servicio público no siempre pasan por una rigurosa inspección, como sucede con los privados, sin embargo en los hechos buena cantidad de accidentes son atribuibles a “errores humanos o fallas mecánicas”, en los dos casos las víctimas son la parte dolorosa de los hechos.
Como plantearon en el Perú, quizá sería prudente revisar nuestros códigos de transporte, leyes sobre la materia y reglamentos vigentes, que posiblemente necesitan ser actualizados de modo que la aplicación de sanciones tenga un efecto radical en los infractores para sentar precedentes y evitar que otros irresponsables chóferes sigan atentando contra la seguridad ciudadana.
Es necesario que de una buena vez los municipios ejerzan las obligaciones y competencias que tienen para hacer cumplir las disposiciones vigentes, de modo que el servicio de transporte público sea seguro y cómodo como lo exigen las normas de la materia.
La Policía de manera general, pero específicamente la de Tránsito y la Caminera, deben también extremar recursos para que el control sobre los conductores sea efectivo en las calles y en las carreteras. Si hay necesidad de contar con disposiciones más estrictas, los legisladores deben asumir también su responsabilidad, única manera de sancionar severamente a los infractores y evitar que los siniestros queden impunes.
Fuente: LA PATRIA
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