Viernes 18 de abril de 2014
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El giro del proyecto de ley minera, producto de las observaciones de la Asamblea Legislativa, abre nuevamente la incertidumbre sobre el futuro de esta norma que regirá las relaciones entre el Estado y los operadores mineros. Menudean las discusiones generales, se amplifican los comentarios sobre supuestas contravenciones al texto constitucional, sobre una encubierta intención de favorecer a la empresa privada al puro estilo neoliberal, se reemplaza al ministro del área, se intervienen oficinas en busca de contratos mineros irregulares y la parafernalia mediática amplifica los actos y las declaraciones, dando como resultado un enrarecido ambiente de incertidumbre que no le hace bien al adecuado tratamiento de una Ley tan importante que durmió el sueño de los justos por más de tres años.
El proyecto es muy principista, con muchos derechos pero pocas obligaciones, tiene candados de control y consulta aparejados a incrementos en la presión tributaria, limitación de inscripción de derechos mineros con fines de financiamiento, anulación del sistema de concesiones, declaratoria de reserva fiscal minera, entre otras. Este atípico cuadro de situación, dejaría como opción dominante para operar la delicada maquinaria minera a la pesada burocracia estatal, que históricamente ha fracasado en varios intentos similares en el pasado. Los resultados están a la vista, la Ley Minera no puede adecuarse a la CPE sin afectar intereses corporativos y/o empresariales y la lucha por ventajas para estos grupos, se refleja en el inédito “mix” aprobado en Diputados y ahora en tratamiento en una comisión especial que revisa algunos artículos observados (132, 151, etc.).