Miercoles 16 de abril de 2014
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La Constitución Política del Estado, también llamada Ley de Leyes y Carta Magna, es el principio y base del ordenamiento jurídico del país; su cumplimiento es obligatorio para todos los habitantes; su no acatamiento implica vulnerarla, violarla y hacer escarnio de ella.
Las constituciones que rigen la vida de los pueblos, muchas veces son violadas debido a intereses político-partidistas, a conveniencias personales de quienes tienen el poder público que es la administración del Estado y, mucho más, de quienes detentan ese poder.
En nuestro país, la Constitución Política del Estado – pese a sus muchas falencias – es el instrumento jurídico que obliga a todos los gobernantes y gobernados a acatarla fielmente, a no esquivar su cumplimiento, a no violentar sus principios, a no discriminarla, ni posponerla ni sujetarla sólo para algunos y ser incumplida por otros conforme a conveniencias.
Muchas veces, por costumbre o por conveniencias sectarias, se prescinde del cumplimiento de la Ley de Leyes; pero, se exige que sea cumplida por los demás. Eso ocurre, generalmente, con gobiernos que no saben el fondo ni el significado de lo que implica esta norma y la aplican conforme a criterios signados por la ignorancia o desconocimiento de lo que más debe conocerse.
