Poseer la información representa una fuente de poder inalcanzable e inagotable, porque quien maneja adecuada información tiene el poder. Eso podrá demostrarse en el caso de la presentación de la memoria de la demanda boliviana ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, dentro el juicio internacional por nuestro enclaustramiento marítimo que sigue el Gobierno de Bolivia a Chile.
La presentación oficial de la demanda se cumplirá el martes 15 de abril y será el propio Presidente Evo Morales Ayma, en la sede de CIJ de La Haya en Holanda, quien entregue el trabajo elaborado por un “equipo de peso” de consultores y especialistas -como afirman los chilenos-, integrado por el académico español Antonio Remiro Brotons, el inglés Vaughan Lowe y el francés Mathias Forteau, junto al ex Presidente Eduardo Rodríguez Veltzé, quienes redactaron la memoria histórica en dos tomos de argumentación jurídica de la queja.
Esa argumentación se basa en la existencia de varios procesos de negociación y ofrecimientos por parte de Chile para otorgar una salida soberana al mar para Bolivia, lo que será la base para sustentar una demanda contra Chile que deberá ser rebatida por el equipo integrado por 35 asesores y expertos (muchos de ellos que ya intervinieron en la demanda planteada por el Perú contra Chile) que acompaña la defensa del vecino país, según confirmó el canciller chileno Heraldo Muñoz.
Con la demanda, Bolivia aspira recobrar su condición de país marítimo con salida libre y soberana con dominio territorial al Pacífico, derecho que fue conculcado en la cruenta guerra del Pacífico el año 1879, donde perdió 120.000 km2 y 400 km der costa, según la demanda presentada el 24 de abril de 2013 ante la CIJ para que emita un fallo que obligue a Chile a negociar, de buena fe, una pronta solución al diferendo marítimo para recuperar la extensión territorial que reclama a Chile desde el siglo XIX, tras 135 años de diálogo infructuoso por la soberbia demostrada por las distintas administraciones del gobierno chileno.
Esta información básica que posee Bolivia debe convertirse en poder, porque la persuasión será el arma del convencimiento para que los magistrados de la CIJ de La Haya emitan un fallo favorable y justo, puesto que “los jueces deciden los casos sobre la base de los expedientes, los alegatos y pruebas aportadas por las partes”, como aseguró la semana pasada el propio presidente de la CIJ Peter Tomka, en la sede de la OEA, en Washington, después que presentó una cátedra sobre “el rol de la Corte Internacional de Justicia en la agenda mundial: logros y desafíos”, en el centro “Ronald Reagan Building”, en un ciclo de conferencias destinadas a evaluar la eficacia del derecho internacional.
Precisamente el presidente de la CIJ, Tomka, aseguró que “la frontera entre los dos países no la vamos a resolver (...) La corte tendrá que decidir si Chile asumió en el pasado una obligación de conceder una salida soberana al mar a Bolivia y si ha cumplido con esa obligación” -según la prensa internacional- donde indican que además dijo que los jueces “tendrán que evaluar la admisibilidad de los argumentos bolivianos. Definir si el caso tiene fondo”, para precisar si existen obligaciones por parte de Chile y su cumplimiento.
El jefe de los magistrados de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que resulta ser la última instancia a la que debían recurrir los países luego de buscar solución a sus demandas mediante la negociación bilateral, recordó que así lo hizo la corte en 1997, en el caso de Hungría contra Eslovaquia por la construcción de las represas hidroeléctricas Gabcíkovo-Nagymaros, donde obligó a las partes a negociar de buena fe el cumplimiento del tratado que firmaron 20 años antes, cuando aún existía Checoslovaquia.
Entonces la fundamentación que presente Bolivia será definitiva y determinante, para poder demostrar el derecho que nos asiste de una salida libre y soberana al Pacífico, sin descartar que el litigio iniciado en la Corte Internacional pueda suspenderse si hay un acuerdo mediante conversaciones que podría iniciar el gobierno del Mapocho que cambio su estrategia para buscar el dialogo antes que la confrontación, como propuso Bolivia y no recibió adecuada respuesta durante la administración de Piñeira, dejando de lado una agenda de 13 puntos de una negociación iniciada el 2006 en la primera gestión de la Presidenta chilena Michael Bachelet.
Para nuestro Presidente Evo Morales, se debe reparar esta injusticia de forma inmediata y sin condiciones porque “nuestros antepasados sufrieron una invasión por intereses externos y grupos oligárquicos de la hermana vecina república de Chile y nuestros gobiernos anteriores intentaron permanentemente buscar una solución de carácter bilateral con la participación de la comunidad internacional. No podemos seguir esperando otros 130 años de diálogo bilateral y por eso decidimos como Gobierno Nacional, en base a la consulta a los ex presidentes, cancilleres y al pueblo boliviano, el acudir con mucho respeto y confianza al Tribunal Internacional para que un daño histórico se resuelva mediante la Corte Internacional de Justicia”.
Ojalá la fundamentación ante la CIJ de La Haya contenga la mejor fundamentación jurídica y se pueda aplicar una política efectiva de manejo de información para demostrar el derecho de los bolivianos frente el injusto enclaustramiento marítimo, dejando de lado las acciones infantiles y hasta hormonales que asumió la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, que se ensañó contra nuestro compatriota Raúl Peñaranda, por su doble nacionalidad y por demostrar que la información es poder, y se puede tener un usufructo de ese poder si se sabe administrar para bien de la comunidad boliviana y no sólo para un grupo élite de privilegiados de la actual administración gubernamental. Por eso no hay que olvidar que poseer información representa una fuente de poder, que muy bien debe aprovechar y capitalizar Bolivia para exigir la pronta solución del conflicto marítimo con Chile.
(*) Periodista
lapalabraencarnada@bolivia.com
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