Jueves 10 de abril de 2014
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El ahora famoso artículo 151 del proyecto de ley No. 198/2014-2015, denominado Ley de Minería y Metalurgia, fue el que determinó el actual distanciamiento entre el Gobierno y sus aliados cooperativistas mineros.
Ese artículo forma parte de la sección II del proyecto, que es el que intenta reglamentar los “Contratos entre actores productivos de la industria minera privada y cooperativa” y, de ser aprobado, posibilitaría que los adjudicatarios de concesiones mineras se asocien, “en cualquier momento con otros actores productivos mineros privados o cooperativas”. Según el Gobierno, ese artículo permitiría que los cooperativistas suscriban contratos con empresas privadas, e incluso transnacionales, pese a que eso atenta contra la Constitución Política del Estado. Y eso, como ya quedó dicho, sería tanto como aceptar que un inquilino, que en ocasiones ni siquiera paga el alquiler, subalquile la pieza que ocupa y lucre con un bien ajeno, en este caso las concesiones mineras que le pertenecen al Estado.
Hicimos tremendo escándalo por tal aclaración pero un asesor técnico de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras, Jaime Zambrana, nos recordó que ese tipo de contratos son muy comunes y los actualmente vigentes, aquellos que ahora son cuestionados por el Gobierno, incluso fueron promovidos por la Corporación Minera de Bolivia.
