Era cuestión de unos retoques más de forma que de fondo, lo que faltaba para que la Ley de Inversiones fuera promulgada, lo que sucedió en acto especial en el hall del Palacio de Gobierno, como sucede con los hechos importantes.
Se trata de una ley sectorial que generará condiciones favorables y plena seguridad jurídica para las inversiones que puedan concretarse a través del sector privado, nacional o extranjero.
La perspectiva se presenta con características muy interesantes, pues en nivel superior se menciona que el año 2013 se movieron nada menos que tres mil millones de dólares en materia de inversiones y con la Ley promulgada se espera duplicar esa cifra, y según los empresarios incrementarla en la medida en que se observe un apropiado clima de seguridad jurídica y de condiciones propicias para impulsar el sector productivo nacional.
Para el Gobierno sobresalen dos alternativas, la primera es que se impulsarán actividades para la creación de fuentes de empleo seguro y digno, la segunda que el Estado como tal será parte societaria de las inversiones que se hagan en el país, lo que asegura un retorno de utilidades que beneficiará a los bolivianos.
Con la nueva Ley de Inversiones el Estado boliviano tiene la potestad de orientar y priorizar los recursos de inversión en proyectos inclusive del rubro estratégico y que merezcan un apoyo mixto para concretar sus operaciones, las que se intensificarán cuando se trate de mega proyectos nacionales con la explotación de nuestros recursos naturales.
Es más, la flamante ley fija incentivos especiales para impulsar a sectores productivos estratégicos a crear más fuentes de empleo y procurar un equilibrio de inversiones en todos los departamentos del país, de modo que el desarrollo sea armónico y no mantenga cierta distorsión que en la actualidad separa a los distritos nacionales entre grandes, medianos y de pequeño desarrollo.
Un hecho que sobresale en esta medida, es el compromiso gubernamental de no incurrir en la instancia de la “nacionalización” de empresas, considerando que el cumplimiento de esos procesos ahuyentó muchas inversiones y crearon un estado de permanente incertidumbre.
A propósito de esta última circunstancia, todavía se mantiene en proceso de análisis la vigencia de un condicionamiento para ciertas actividades, como la minería e hidrocarburos, que tienen que ver con “derechos de los pueblos en materia de tierra y territorio”, algo que deja dudas sobre plenas garantías para la ejecución de proyectos que tienen que ver con recursos naturales.
Hay un concepto en la Carta Magna que no aclara la situación de “tierra y territorio”, tampoco la referencia concreta al uso del “suelo y el subsuelo”, que son parte del uso directo que hacen las exploraciones petrolíferas, las del gas y de los yacimientos mineros. Los campesinos originarios están “empoderados” con esa alternativa que obliga a esa consulta previa, que sin ser vinculante, puede alterar los planes empresariales de explotar las riquezas de todos los bolivianos.
Son detalles que la Asamblea Legislativa debe tomar en cuenta para trabajar en la complementación de reglamentos que eliminen las trabas que pudiesen alterar el sentido práctico, en este caso de la Ley de Promoción de Inversiones y en un futuro próximo la Ley de Minería.
De momento hay contento en el sector empresarial y en los niveles de Estado por la vigencia de una norma que abrirá el camino de buenas inversiones.
Fuente: LA PATRIA
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