Comercio de tierras fiscales lucrativo y próspero negocio

La venta y comercio de tierras fiscales en Oruro, de pronto se ha convertido en lucrativo y próspero negocio en base al engaño, la extorsión y hasta el uso de documentos adulterados, para convencer a humildes e incautos compradores de lotes que sueñan tener una vivienda propia.

Los inescrupulosos “loteadores” se han dado a la tarea de identificar tierras que son de propiedad del Estado, con preferencia las ubicadas en el radio intensivo y extensivo de la ciudad de Oruro de propiedad del municipio, que son “fáciles de vender” con presunta complicidad de funcionarios ediles y la actitud pasiva de las autoridades que prefieren ignorar y soslayan su responsabilidad.

Los “loteadores” como se conocen a los vendedores de tierras, incluso llegan a mostrar supuestos planos aprobados para nuevas urbanizaciones y se dedican a recaudar dinero que exigen como aportes para “tramitar la aprobación de las urbanizaciones y la línea y nivel para construir las viviendas, indicando que parte de lo recaudado será para determinada autoridad, convirtiéndose en un gran negocio que controlan unos cuántos en perjuicio de toda la población, por la ocupación de terrenos fiscales.

Los funcionarios ediles que estarían comprometidos con ese tráfico de tierras, se apoyan en las últimas leyes municipales para forzar que los terrenos de propiedad del Estado sean entregados a personas que supuestamente pertenecerían a las organizaciones sociales y realizan el registro de los ciudadanos previo el pago de sus “aportes” para la directiva de la nueva urbanización y para las autoridades.

Esos hechos demuestran que el mal ejemplo se propaga y crece como bola de nieve, porque desde que se efectuó la entrega de las terrenos del Parque Industrial de Oruro en la zona de Vinto a los denominados movimientos sin techo y otros, ya nadie respeta la ley y lo que es más, se ha instituido el comercio ilícito de tierras fiscales, sin que empero ninguna autoridad haya sido sancionada por cometer el delito de estelionato.

Así el negocio de tierras fiscales crece día que pasa y son las propias autoridades las que afirman que “no hay terrenos para ejecutar diferentes proyectos”, cuando en la práctica no les interesa recuperar las 7.000 hectáreas de terrenos del Estado que existen en la ciudad de Oruro y que muy bien podrían ser utilizadas para obras sociales, desarrollo productivo y hasta para mejorar la calidad de vida de la población, con la construcción de parques, avenidas y otra infraestructura urbana.

Lo cierto es que nadie se atreve a poner el cascabel al gato para identificar y evitar el enriquecimiento ilícito de los loteadores de tierras fiscales, que están presentes en cada zona y barrio de la ciudad a la pesca de cándidos que invierten sus pocos peculios pretendiendo asegurar un terreno para su familia, teniendo luego que soportar el abuso de pagos ilegales, aportes y otras contribuciones que exigen los líderes de los denominados movimientos sociales que trafican con la venta de terrenos.

Esa actividad ilícita tiene que acabar, porque se llega al extremo que incluso para ejecutar algún proyecto, son los negociantes de tierras quienes organizan a grupos de supuestos vecinos y pobladores que quieren entregar tierras, cuando en la realidad no es otra cosa que legalizar el uso de las tierras fiscales para usufructo personal de los loteadores.

Otro ejemplo que involucró a las autoridades municipales, fue la entrega de terrenos municipales para la construcción de un nuevo recinto aduanero en Cala Caja, habiéndose otorgado incluso títulos de propiedad con folio y registro en Derechos Reales y hasta la línea y nivel, sin que hasta la fecha se haya podido determinar el derecho propietario por una supuesta superposición denunciada por una propietaria de tierras que sí logró consolidar sus terrenos, sin que el verdadero dueño que es el municipio pueda demostrar su legal posesión de tierras.

Como esos ejemplos existen muchos y en Oruro el negocio de compra venta de tierras es fructífero, no para quienes poseen legalmente sus terrenos, sino para los que lucran con el comercio ilícito de tierras fiscales y logran un fácil enriquecimiento, que resulta ser un hecho cotidiano y que no interesa a las autoridades llamadas por ley, quienes cometen el delito de omisión y de incumplimiento de deberes formales. Ojalá esa situación cambie y se pueda proteger como corresponde las tierras del Estado para beneficio de toda la población y no para el usufructo de unos pocos.

(*) Periodista

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