Ojalá la ley minera sea bien nacida

Dentro de la estructura de la economía general del país, la minería ocupa un lugar preponderante durante todos los tiempos. El gobierno actual pretende dotar al sector minero-metalúrgico de una nueva ley que es necesaria y de urgencia aprobarla, pero no a la medida de los sectores que lo componen, me refiero a las empresas mineras del estado (Comibol), empresarios privados y cooperativistas, sino en función de los grandes intereses del país, que hagan a su desarrollo y generen excedentes económicos como en la actual coyuntura donde los precios de los minerales se están cotizando extraordinariamente.

Ya van tres años en el intento de brindarnos una nueva ley minera. Probablemente el gobierno erró el camino al hacer participar a los sectores involucrados en la problemática.

Una ley tan importante debió ser diseñada por un grupo multidisciplinario de profesionales que tengan experiencia, prestigio y evitar que los intereses sectoriales la distorsionen.

Lamentablemente el sector cooperativista minero es tal vez el único que no practica las bases fundamentales que contiene el cooperativismo boliviano, particularmente el enfoque de la solidaridad que debe existir entre quienes lo componen; normalmente en una cooperativa son los dirigentes y algunos clanes familiares que se benefician política y económicamente de los resultados económicos debido a que se reparten los mejores frentes de trabajo o parajes excelentemente mineralizados en desmedro de aquellos que sacrificadamente producen los parajes marginales, que en ocasiones no alcanzan para lograr el sustento familiar.

Otro punto a referirme es una situación que ocurría en el pasado cuando ciudadanos inescrupulosos tramitaban una concesión minera solo para negociarla y no para producir.

Es conveniente que el gobierno en atención a la ley sobre reversiones de concesiones mineras publique los nombres de las personas o empresas que se han adjudicado decenas o cientos de pertenencias, cuadriculas o cualquier otra denominación apelando a influencias políticas o a la actuación discrecional tal como actuaban los superintendentes departamentales de minas en cada una de las regiones.

Si el gobierno hiciera lo que brindó como sugerencia, llegaremos al convencimiento de que la mayor parte del territorio nacional está parcelado de concesiones mineras que pertenecen a intereses extra nacionales, que no cumplen la función económica social.Uno de los aspectos fundamentales de la ley es que el 85% de las regalías mineras vayan a las gobernaciones y el 15% a los municipios donde se desarrolla la actividad minera, pero no para que estos recursos de las gobernaciones sean dilapidados o mal utilizados sino para implementar un verdadero y serio plan de prospección y exploración minera, de esta manera descubrir nuevos yacimientos mineros para entregárselos a los cooperativistas, creando otras empresas estatales y privadas, no permitiendo lo que ocurre ahora; depredar los pocos yacimientos que aún tenemos. El caso de Potosí es emblemático porque todos siguen con la idea de destrozar el monumental e histórico cerro tal como hizo el MNR o como quieren hacer los propios cooperativistas.

Finalmente digo que en la época de las vacas gordas debemos administrar bien los recursos que la naturaleza brinda y el esfuerzo de los sacrificados mineros que producen la riqueza que puede diversificar nuestra economía.

Deseo de todo corazón que la ley que está siendo analizada en el parlamento nacional sea bien nacida, sin la presión de los sectores primando la racionalidad, ecuanimidad y justicia para tener una ley que ordene al sector minero-metalúrgico ofreciendo posibilidades de atraer mayores cantidades de inversiones nacionales y extranjeras, de esta manera producir mucha riqueza para la satisfacción de nuestra querida patria.

(*) Ingeniero Metalurgista. Ex parlamentario