Nueva Ley Minera genera más rechazo que aceptación
31 mar 2014
Por: Jorge Lazzo Valera
La nueva Ley Minera quedó en entredicho al no existir consenso por parte de los productores mineros, los mineros chicos, cooperativistas mineros y la minería mediana, que en definitiva son quienes forjan divisas para sostener la economía nacional a través del pago de regalías y tributos, generar empleos y desarrollo en las comunidades donde tienen asentadas sus operaciones.
Las observaciones de los cooperativistas que piden mantener el artículo 151, que permitirá al sector tener contratos de libre asociación ante una eventual caída del precio de los minerales, para seguir produciendo, pone al descubierto la ausencia de una política minera nacional que fije, regule y establezca reglas claras, puesto que la gubernamental Corporación Minera de Bolivia (Comibol) es la única administradora de los yacimientos que bien podrían ser explotados con inversión extranjera.
La actuación del Ministro de Minería también en entredicho por los cooperativistas que afirman que “no ha podido defender esta ley”, demuestra que no hay un experto que sepa de las potencialidades mineras, pueda cuantificar las reservas y planificar nuevas operaciones para no dejar pasar otro ciclo de bonanza económica que permita asegurar las operaciones productivas de la minería boliviana en época de crisis. Los mineros chicos también demandan una política minera de incentivo, lejos de una imposición y el saqueo de sus yacimientos como ocurre en diferentes minas donde las comunidades pretenden tener el control absoluto ante la ausencia del Estado que proteja y otorgue garantías al sector.
La improvisación ha estado manifiesta desde siempre en la Comibol, al extremo que los viejos mineros afirmaban que quien no conocía sobre su oficio y carecía de formación para administrar empresas del sector de la minería debería ir a trabajar a la Comibol, donde al parecer había siempre cabida para los menos calificados, que como ahora llegan a desempeñar funciones por aval partidario, parentesco y padrinazgo.
Mientras eso ocurre en Bolivia donde se dirige la administración minera y metalúrgica con medidas que perjudican en vez de favorecer a los productores mineros, los países vecinos realizan importantes inversiones y alcanzan un desarrollo pleno de sus operaciones incorporando tecnología de punta y logrando niveles de producción que hace a sus países competitivos y les genera grandes utilidades para fortalecer su economía.
La ausencia de políticas destinadas a mejorar las condiciones, el control y el desarrollo de la minería y metalurgia en el país está imprescindiblemente ligado a la ausencia de seguridad jurídica, al no existir reglas claras para los productores, así se hayan modificado 70 artículos del viejo Código de Minería, porque los avasallamientos y ocupación de propiedades mineras continúa, tal como ocurre en Huaripampa, donde comunarios destruyeron y robaron maquinaria de la mina Puerta del Sol.
La improvisación y el uso político partidario del sistema de administración de la minería estatal que además regula las actividades de la minería chica y mediana debe terminar para tener una institución técnica competitiva, con profesionales y expertos en minería y metalurgia que permitan al Gobierno tener una adecuada planificación para la explotación racional de los recursos naturales no renovables, lo que además debe beneficiar con preferencia a las regiones productoras, para reinvertir la riqueza generada en proyectos productivos de alta rentabilidad para crear nuevos polos de desarrollo económico y social.
En Bolivia es hora de pensar en una nueva minería, altamente competitiva, con proyectos que atraigan nuevas inversiones, la diversificación de la producción y el valor agregado que debe generar grandes réditos para todos los bolivianos, porque la minería es y seguirá siendo el sostén de nuestra economía.
No pensar en la producción minera es ignorar el gran beneficio que aporta este sector que por décadas y siglos ha mantenido a Bolivia como país monoproductor que recién ahora comienza a obtener los primeros réditos de la producción petrolera, cuya prospección y explotación se consiguió con los recursos provenientes de la minería que fueron concentrados en la Comibol, entidad que a partir de su creación generó más perjuicio que beneficios para las regiones productoras de Oruro y Potosí.
Ojalá la actitud del Gobierno cambie y el país pueda contar a corto plazo con una política minero-metalúrgica que garantice un pleno desarrollo de esta importante actividad que seguirá siendo la columna vertebral de la economía nacional, para generar riqueza, empleos y hasta bienestar para todos los bolivianos. La improvisación, el manejo político partidario y el uso de influencias deben terminar para alcanzar un crecimiento sostenido y sustentable de la minería en Bolivia.
(*) Periodista
lapalabraencarnada@bolivia.com
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