Jueves 27 de marzo de 2014
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El uso indebido de influencias es un muy interesante delito que está tipificado en el artículo 146 del Código Penal Boliviano.
El artículo señala que “el funcionario público o autoridad que, directamente o por interpuesta persona y aprovechando de las funciones que ejerce o usando indebidamente de las influencias derivadas de las mismas, obtuviere ventajas o beneficios, para sí o para un tercero, será sancionado con presidio de dos a ocho años y multa de cien a quinientos días”.
Con una simple lectura es fácil colegir que el uso indebido de influencias es un delito que sólo puede ser cometido por un tipo de persona: el servidor público, sea este un simple funcionario o una autoridad.
Y, aunque el artículo sea claro, lo difícil es probar que el funcionario público o la autoridad hayan incurrido en uso indebido de influencias cuando, por ejemplo, se adjudica un contrato a uno de sus parientes.
Veamos: por imperio de la Ley 1178, los contratos que se suscriben con el Estado son administrativos y están sujetos a control posterior y a la jurisdicción coactiva fiscal. En otras palabras, pueden ser analizados de cabo a rabo y, si se encuentra alguna infracción a la ley, pueden ser motivos de procesos de los que se derivan tres tipos de responsabilidad: administrativa, civil y penal.
