Proceso sobre distribuidor vehicular 3 de Julio está estancado desde el 2011
26 mar 2014
Fuente: LA PATRIA
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El proceso penal que inició el 2011 el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro (Gador) contra funcionarios de la ex Prefectura ante el Ministerio Público por irregularidades en cuanto al proyecto distribuidor vehicular 3 de Julio que no fue ejecutado, pero se canceló un monto de 200 mil bolivianos a la empresa Mendizábal por la fiscalización, está estancado en instancias judiciales.
Ayer en la sesión de la Asamblea Legislativa Departamental de Oruro (ALDO) a pedido de los asambleístas el secretario de Asuntos Jurídicos del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro (Gador), Edgar Ajata, informó sobre la situación actual del proceso penal que desde el 2011 no tiene resultados, sin embargo, según los legisladores la autoridad departamental no contestó a todas las preguntas, por lo cual su informe fue rechazado.
El asambleísta del Movimiento Sin Miedo (MSM), José Luis Toco, reprochó la pasividad del gobernador de Oruro, Santos Tito, porque después de tres años de haber impuesto la denuncia no existe una respuesta favorable por parte del Ministerio Público y no se preocupa por ello, no hace el respectivo seguimiento a una pérdida económica de 200 mil bolivianos que va en desmedro del departamento se conforma con una investigación que dura tres años.
Manifestó que además el secretario de Asuntos Jurídicos no informa bien el proceso que se tiene, pues se entiende que existe un proceso penal iniciado por la Gobernación contra funcionarios de la ex Prefectura por incumplimiento de deberes, pero la empresa Mendizábal igual comenzó un proceso civil por la rescisión de contrato.
Aseveró que se canceló a la empresa Mendizábal alrededor de 200 mil bolivianos por la supervisión de una obra a cargo de la ex Prefectura, durante la gestión de Alberto Luis Aguilar, que nunca se ejecutó como es el distribuidor vehicular 3 de Julio que debía estar emplazado en la avenida Dehene y Circunvalación.
Lamentó que desde el 2011 hasta ahora el proceso penal no avance, y no se dé con los responsables que ocasionaron un daño económico al departamento.
Aseveró que en calidad de asambleísta pedirá un informe detallado sobre el caso “distribuidor vehicular 3 de Julio” al fiscal de Distrito, para que explique por qué los fiscales no cumplen con su trabajo.
Sostuvo que no es el primer caso en que no existen responsables, ni resultados por irregularidades que se comenten donde están involucrados bienes del Estado.
En tanto, el secretario de Asuntos Jurídicos, Edgar Ajata, aseveró que en el caso del distribuidor vehicular 3 de Julio se tienen dos procesos, uno ordinario por incumplimiento de contrato impuesto por la empresa Mendizábal Asociados contra la Gobernación demandando daño ocasionado por la resolución de contrato, lo cual fue respondido de forma negativa y otro proceso penal que la principal institución departamental inició contra los tres funcionarios de la ex Prefectura y la empresa, a quienes reclaman el incumplimiento de contrato y de deberes.
Indicó que este proceso está en estratos judiciales y debía ser la instancia respectiva la que brinde una información completa de la investigación que sigue el Ministerio Público.
Aseveró que no es decisión de la Gobernación el agilizar este proceso sino de la justicia que seguramente de forma imparcial está realizando las investigaciones respectivas.
Fuente: LA PATRIA
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