El empresariado boliviano recibió con beneplácito la exclusión del artículo 27 de la Ley de Promoción de Inversiones que contemplaba el término de “nacionalización” que preocupaba a los inversionistas y restaba seguridad a las futuras transacciones financieras para inyectar capitales a la economía del país con fines de impulsar importantes proyectos de alta productividad y rendimiento
Los empresarios privados presentaron ante las cámaras alta y baja de la Asamblea Legislativa Plurinacional sus observaciones sobre el contenido de un artículo, que ponía en duda la seguridad jurídica que se necesita para atraer capitales y garantizar su utilización en planes de crecimiento industrial y comercial.
La gestión resultó positiva pues la bancada oficialista del partido gobernante se manifestó por quitar el polémico artículo del proyecto de ley lo que significa que la norma no hace referencia a ninguna forma de “nacionalización”.
El tema sin embargo fue objeto de algún debate parlamentario, entendiendo que existían posiciones especiales en la bancada oficialista e inclusive en Convergencia Nacional, cuya parlamentaria se opuso a la exclusión del artículo cuestionado señalando que “se eliminaría también la seguridad jurídica a las inversiones privadas”. La observación no prosperó por falta de análisis de la situación y se impuso la mayoría parlamentaria, excluyendo el asunto de la nacionalización… de empresas.
Se explicó que antes de considerarse el proyecto en la instancia parlamentaria se recibieron muchas sugerencias ante el Ministerio de Planificación y Desarrollo, cartera de Estado donde se proyectó la norma y se consideraron todos los aportes, incluyendo los provenientes del empresariado privado que a la hora del debate de aprobación surtió su efecto y alcanzó un objetivo de presentar una regulación de apertura a la captación de capitales.
La Ley de Promoción de Inversiones tiene la finalidad de contribuir al desarrollo nacional a través de un marco que define garantías jurídicas a las inversiones empresariales que puedan captarse en el futuro, al amparo de disposiciones que serán reglamentadas e incluirán incentivos especiales, cuando se impulsen proyectos estratégicos directamente relacionados con el desarrollo boliviano.
Según los empresarios privados deben detallarse en artículos reglamentarios la seguridad jurídica y las garantías necesarias para facilitar las inversiones que provengan del exterior o las nacionales que sirvan para implementar una serie de emprendimientos que están en espera de la aprobación de las reglas de juego que ya están en proceso de su registro y aprobación.
En la continuidad del proceso de aprobación corresponderá a los senadores ratificar el contexto de la Ley, esperando que no se produzcan cambios fundamentales que alteren el proceso de su posterior promulgación.
Los empresarios privados tienen la esperanza de que la Ley de Promoción de Inversiones y su reglamentación pertinente pueda complementarse con algunas innovaciones al Código Tributario y un instrumento perfeccionado de conciliación y arbitraje.
Con la aplicación de la Ley de Promoción de Inversiones, de manera conjunta, Estado y empresarios privados están comprometidos a desarrollar un buen clima de inversiones en el país, para crear más fuentes de empleo impulsando el establecimiento de nuevas industrias y más comercios que también contribuyan a fortalecer el TGN, con más impuestos y como en el caso de los hidrocarburos y minería a través de importantes regalías.
De momento hay contento en el sector empresarial, esperándose que la última fase de aprobación de la Ley de Promoción de Inversiones no tenga cambios que alteren su contenido obligando a un seguro retroceso de conciliación.
Fuente: LA PATRIA
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