Un reciente informe conocido al interior del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, revela que en la ciudad, el 73 por ciento de las construcciones son clandestinas, eso supone que no cuentan con la autorización pertinente, generalmente por falta de aprobación de sus planos, falta de legalización de la urbanización, o porque además se utilizan documentos irregulares que no son los exigidos en la instancia de legalizar una nueva edificación.
Lo que alarma es saber que sólo un 27 por ciento de las edificaciones de la ciudad son legales, el resto como señala el informe significa que 73 por ciento del conjunto urbano de la ciudad está en condición irregular.
Para regularizar este delicado problema, la Alcaldesa ordenó la elaboración de un Decreto Municipal que permita el reordenamiento urbano de la ciudad, aunque en realidad lo que se buscará es legalizar la situación de centenares de urbanizaciones y miles de viviendas que se han asentado de manera arbitraria inclusive en algunas áreas que han sido declaradas como espacios “verdes” o que por su conformación son zonas negras, en las que no pueden haber viviendas, en todo caso lo que debe hacerse con una norma técnica apropiada es legalizar paulatinamente los asentamientos impropios y evitar en adelante el desordenado crecimiento urbano, que se da en la mayoría de los casos por la presión de grupos vecinales, inclusive de avasalladores de terrenos, que bajo el pretexto de “ciudadanos sin techo” eligen el mejor lugar para construir sus viviendas, sin previo estudio de terreno y menos contando con la autorización técnica elemental.
Algunos datos sobre el crecimiento urbano señalan que en una década la ciudad creció en una proporción de 400 por ciento, gran parte en las nuevas urbanizaciones que son parte de la expansión de la mancha urbana, pero también se da el fenómeno de la construcción de edificios con la oferta de viviendas en “propiedad horizontal”, lo que configura otro modo de crecimiento habitacional, cambiando el modus vivendi de mucha gente que en algunos casos tropieza con otros problemas, que se inscriben como fallas en la parte de seguridad jurídica que garantice derecho propietario.
De acuerdo a las autoridades responsables del proceso de saneamiento urbano, un trámite regular no debería ser mayor a 20 días para su aprobación, sin embargo, puede ampliarse por detalles de orden legal y la intervención de “tramitadores apócrifos” que se hacen cargo supuestamente de regularizar la vigencia de urbanizaciones y en estas el asentamiento de viviendas, pero sin cumplir requisitos exigidos por normas vigentes, lo que altera el curso de las gestiones que podrían o deberían ser agilizadas directamente por interesados y sin intermediarios que engañan a vecinos y perjudican los trámites.
Si bien se reconocen las falencias vigentes en las dependencias municipales, no es menos cierto que las mismas son producto de la falta de planes urbanos que sean elaborados por un equipo técnicamente organizado para definir las áreas de inmediato crecimiento urbano a lo largo y ancho de la ciudad, de modo que previamente estén ya definidos inclusive los límites vecinales, y sobre todo la factibilidad de dotar a esas urbanizaciones los elementales servicios de saneamiento básico, agua, alcantarillado y luz. Ahora sucede a la inversa, se producen los asentamientos, desordenadamente y como se comprueba recién se los legalizará para evitar la clandestinidad urbana. Se espera que el decreto edil sea una solución a este problema que se arrastra de siempre y causa serios perjuicios.
Fuente: LA PATRIA
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