Miercoles 19 de marzo de 2014
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Un cambio positivo que se estaría produciendo a nivel del Gobierno es que habría decepción sobre las políticas nacionalizadoras debido a los efectos negativos que tuvieron las llevadas a cabo desde mayo de 2006. La verdad es que esas medidas, que se sepa, no han reportado mayor beneficio al país, salvo lo que pregona el régimen: “recuperación de la dignidad y uso de nuestras riquezas en beneficio del país”. Una afirmación que, en primer término está lejano el hecho de recuperar dignidad porque haber permitido el trabajo mediante inversiones de capitales extranjeros no han significado, en modo alguno, pérdida de dignidad.
Las nacionalizaciones implican dos consecuencias funestas para el país: la primera, que se crea un ámbito de desconfianza y susceptibilidad hacia el país porque nadie, pendiendo la “espada de Damocles” de las nacionalizaciones o estatizaciones, querrá invertir en Bolivia. Segundo, que toda nacionalización implica, en principio y fin, el tener que erogar por indemnizaciones mucho dinero en divisas que le cuesta ganar al país.
Informaciones aproximadas dan a conocer que deberíamos alrededor de 1.800 millones de dólares por concepto de indemnizaciones a empresas que confiaron en el país, invirtieron, crearon riqueza y empleo, dieron la parte de las ganancias que correspondía al país y, por supuesto, se llevaron la participación lógica que les correspondía.
