La pulseada de los chóferes y el Gobierno

El Decreto Supremo Nº 0420 promulgado el 3 de febrero, recién pasado, por el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, generó opinión favorable en la ciudadanía, calificándolo como bueno pero incompleto. La norma se antepone al Código Nacional de Tránsito, asigna toda la responsabilidad de los accidentes en carretera a los chóferes y propietarios de empresas de transporte e ignora factores que provocan siniestros, como el mal estado de las vías carreteras.

Por fin se puso el cascabel al gato, ahora se debe realizar un seguimiento para que todos los conductores de vehículos de servicio público, particular y oficiales, con preferencia los últimos, cumplan a cabalidad y respeten lo establecido en el Código Nacional de Tránsito y su Reglamento, normas que sancionan toda actitud irresponsable de los choferes.

Si bien el decreto 0420 sanciona a los conductores que en estado de ebriedad conduzcan vehículos de servicio público, apenas se refiere en el artículo 16 a la señalización y de forma poco convincente encomienda a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) presentar semestralmente un informe sobre el estado de la señalización existente en carreteras, así como la planificación de su mantenimiento, renovación y mejora.

Eso constituye un buen deseo y no se instruye que se coloque señalización en las carreteras y que se realice el mantenimiento permanente de las vías, así como la habilitación de sitios o lugares de estacionamiento para los automotores que presenten desperfectos o que los conductores, con preferencia de camiones, decidan descansar para evitar accidentes por la fatiga, cansancio y hasta somnolencia que les puede ocasionar un viaje largo.

Como quien diría, se identifica como responsable de todos los males al conductor de los buses y no se dice nada sobre inversiones que debe realizar el Gobierno, para ampliar, mejorar y ejecutar el mantenimiento de las vías que en Bolivia resultan ser las más peligrosas, puesto que son urbanas y no contamos todavía con rutas de nivel internacional. Cada viaje en bus es una prueba se fuego y un cálculo de fortuna, para saber si uno llegará a su destino y si podrá retornar.

La ausencia de medios para la Policía de Carreteras, resulta ser otro factor que influye negativamente para los accidentes, porque en países vecinos, para no referirnos a Europa y Norteamérica, existe el control de velocidad por radar, así como grúas y vehículos de apoyo para remolcar los motorizados que se quedan en camino o tienen un desperfecto grave.

No hay señalización adecuada en los propios retenes policías o trancas a lo largo de las rutas y los funcionarios tienen que improvisar baldes o bidones plásticos, para colocar un foco en su interior y advertir con una señal roja que los motorizados deben parar.

El seguimiento del uso de las carreteras en la práctica no existe, porque los vehículos particulares, sólo deben cancelar el peaje y no hay una hoja de ruta, lo que hace imposible saber quién viajó y a dónde.

La revisión de luces es temporal, cuando las autoridades de la Policía de Tránsito realizan el control de la Roseta de Inspección de Automotores y que dicho sea de paso, se envían en lotes al por mayor a las federaciones, cooperativas y sindicatos de transportistas, mientras los “otros” propietarios deben acudir a los puestos de inspección y cumplir una serie de requisitos.

A eso se suma la amenaza de los dirigentes de los chóferes a nivel nacional que convocaron a un paro nacional del transporte para el miércoles 10 de febrero, con el propósito de flexibilizar la norma. Vale decir que se permita el “consumo moderado de alcohol”, porque “los chóferes de larga distancia están acostumbrados a tomar un trago, en el viaje”.

Lo que no se sabe es, si el consumo de alcohol brinda tranquilidad a los conductores o por el contrario junto a la coca que acullican, se convierte en un excitante para subirles la bilirrubina que les motiva a correr e imprimir mayor velocidad a sus motorizados. De cualquier forma, el consumo de alcohol está prohibido por el Código Nacional de Tránsito y se sanciona, por lo que un decreto no puede anteponerse a esa norma y más bien debería pensarse en actualizar la disposición que al parecer está quedando obsoleta.

El control y el mejoramiento de las carreteras, así como la señalización es responsabilidad de la ABC y en cada departamento de las prefecturas, a través de sus servicios departamentales de caminos o carreteras, por lo que también el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia tiene la obligación de sancionar a las autoridades que no actúan responsablemente para garantizar la seguridad de los usuarios de los medios de transporte, a fin de evitar accidentes. La pulseada de los chóferes y el Gobierno demostrará el miércoles quién tiene la razón y quién tiene la fuerza para hacer cumplir o ignorar la norma.

(*) Periodista.